En los próximos días, los eufemismos políticos serán la herramienta fundamental para encubrir el significado real de lo que acaban de pactar el PSC y ERC para conseguir formar gobierno en Cataluña.

El primero de ellos es el «concierto económico solidario», un constructo tan difícil de entender como irresponsable en lo que es, en toda regla, una reforma encubierta del sistema de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) de régimen común.

La aceptación de que la segunda región en porcentaje del PIB total de España (19%) tenga algo similar a una posición fiscal neutra (es decir, ni contribuya ni reciba) con respecto al conjunto de las autonomías supone, en toda regla, crear un Estado confederal.

Mientras que en un sistema federal los territorios que lo componen se someten tanto a un principio de igualdad como de solidaridad (los que más tienen son los que más contribuyen al sostenimiento del resto), en un Estado confederal, uno o varios territorios tienen una posición preeminente sobre el resto, debido a que se produce una unión de territorios que se consideran desiguales y distintos desde su origen.

La unión de estos territorios se limita a un pacto político que puede modificarse o romperse de manera bilateral sin que el resto de los ciudadanos residentes en las otras regiones tengan que pronunciarse al respecto.

Nos guste más o menos, éste es el horizonte que la élite política catalana está trazando, entendiendo que es la fórmula más adecuada de resolver los conflictos entre los independentistas y el resto del país acaecidos en los últimos años.

No hay detrás cálculo económico alguno. Se limitan a continuar en el campo de la política fiscal con la táctica de «tierra quemada» que proviene de los últimos años del pujolismo cuando se exige la reforma del Estatut.

Se limitan a seguir en la política fiscal la táctica de «tierra quemada» que proviene de los últimos años del pujolismo

En este campo es donde hoy se da una vuelta de tuerca más con la inversión de la escala de valores. Ya el principio básico de solidaridad interterritorial contemplado en nuestro Pacto Constitucional ha dejado de tener sentido y está transmutando en una especie de «generosidad» del independentismo hacia el resto del Estado.

Para intentar aplacar la enorme grieta que se abre entre ciudadanos veremos llamar a las cosas por nombres que no son los suyos. Porque el preacuerdo tal y como está explicado hace que la decisión de un ciudadano de vivir en un territorio u otro le suponga un menoscabo de la igualdad de oportunidades.

Se intentará confundir continuamente con palabras que significan, en realidad, otra cosa. Esto será especialmente dramático para la izquierda defensora del pacto. No puede entenderse que un socialdemócrata defienda que los que ganan más deben pagar más impuestos y, al mismo tiempo, defender que un territorio «rico» como Cataluña no aporte más de lo que recibe en solidaridad con las regiones con menos recursos.

Incoherencias ideológicas y políticas aparte (de las cuales los ciudadanos se encargarán de juzgar en el momento en que haya elecciones), llamar «concierto económico» al acuerdo fiscal entre el conjunto del Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña es inaceptable.

No se puede entender que un socialdemócrata defienda que quien más gana más debe pagar y, a la vez, defender que Cataluña no aporte más de lo que recibe

El término «concierto» está reservado para el régimen foral vasco. Tampoco «convenio económico», que es el nombre del acuerdo entre el régimen foral navarro y la Hacienda común. Cualquier intento de normalizar y hacer comparable la situación del País Vasco o Navarra con Cataluña no se corresponderá con la realidad.

Ni el origen de los acuerdos es el mismo (las provincias forales mantienen un estatus consolidado a lo largo de más de un siglo por pragmatismo a la hora de recaudar y con una singularidad recogida en la Constitución) ni la dimensión económica es la misma (el peso del País Vasco y Navarra en el PIB nacional es inferior al 6% e inferior al 2%, respectivamente, frente al 19% de Cataluña).

Si ya de por sí es polémico desde hace décadas el cálculo tanto del cupo vasco como de la aportación navarra, sería muy ingenuo pensar que el cálculo de esa «cuota de solidaridad» catalana no vaya a generar conflictos importantes tanto en el diseño de la metodología como en el control de los datos.

El precedente de los cálculos de las denominadas «balanzas fiscales» puede darnos una idea de las tensiones que se pueden larvar a corto plazo y desarrollar a medio plazo.

Sería ingenuo pensar que la «cuota de solidaridad» catalana no va a generar conflictos

Por otro lado, los independentistas lo tienen muy claro: quieren la «llave de la caja». Y, mediante este pacto, el PSC y el PSOE se la están entregando. Incluso asumiendo que se forme un gobierno tripartito con predominio del PSC (en correspondencia con el número de escaños obtenidos en los últimos comicios) no existe ninguna garantía de que la solidaridad sea efectiva.

Partiendo de los cálculos realizados por el profesor Ángel de la Fuente y el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas del Ministerio de Hacienda observamos que, a financiación homogénea por habitante ajustado, igualdad de competencias y esfuerzo fiscal equivalente, Cataluña restaría de golpe 2.168 millones de euros.

De una capacidad redistributiva total del sistema de financiación autonómica de 19.499 millones de euros, 10.684 millones son puestos por el Estado vía Presupuestos Generales, mientras que los 8.815 millones restantes corresponden a la contribución neta que hacen tres regiones: Madrid (6.313 millones), Cataluña (2.168 millones) y Baleares (334 millones).

El resto de las autonomías son receptoras netas de este mecanismo a fecha de 2021. O bien el Gobierno central presenta un plan creíble de ingresos que complementen el «agujero» que deja Cataluña, o bien autonomías receptoras netas como Canarias, Extremadura o Galicia podrían ver disminuida su financiación en 188, 165 y 101 euros por habitante, respectivamente.

Esto es, en suma, lo que nos estamos jugando. Sin ni siquiera abundar en cuestiones importantes como la capacidad real de la Agència Tributaria de Catalunya de gestionar todos los impuestos o incluso qué se entiende por «todos los impuestos» (¿sólo los impuestos que son actualmente parcialmente cedidos como IRPF, IVA o Impuestos Especiales? ¿También el de Sociedades?).

El plan supone riesgos muy importantes para la estabilidad de la financiación de los servicios públicos en el conjunto de España. Ninguna región ha sido consultada, ni sus ciudadanos tampoco han sido debidamente informados, empezando por la mayoría social de Cataluña.