De este metalenguaje surge la expresión «concierto económico solidario» de la que nos ocupamos en la tribuna de ayer. Llamar «concierto económico» a lo que en realidad es el traspaso de la facultad de recaudar los impuestos hasta ahora parcialmente cedidos es, cuanto menos, engañoso.

El término «concierto económico» es mucho más que gestionar el 100% de la recaudación de los impuestos devengados por los residentes fiscales en un territorio y un momento concreto del tiempo sin determinar el cálculo de la contribución neta a las arcas del conjunto de la nación.

Es otra cosa muy distinta. Es un régimen de corresponsabilidad fiscal entre ingresos y gastos donde la administración regional y la estatal (la primera emana de la segunda) colaboran para ejecutar los gastos e inversiones que el Estado efectúa en el territorio.

También colaboran en el intercambio de información necesaria para el buen fin de la política presupuestaria. Hay una responsabilidad compartida, un compromiso recíproco, cosa que no sucede en el documento ERC-PSC donde todas las obligaciones recaen en el Estado.

Por tanto, lo que se ofrece es un «pacto fiscal» de naturaleza bilateral entre dos administraciones que se reconocen independientes. Pero para intentar suavizar un planteamiento tan radical como éste, los firmantes han añadido el término «solidario» para añadir más confusión si cabe.

A fecha de liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021, las cuentas elaboradas por Fedea apuntan a una contribución neta de Cataluña de 2.168 millones de euros ajustados por habitante, competencias y esfuerzo fiscal.

Lo que se ofrece es un «pacto fiscal» de naturaleza bilateral entre dos administraciones que se reconocen independientes

¿Esta cifra es «solidaria» o «insolidaria»? ¿A partir de qué cifra se puede considerar que hay «solidaridad»? Cuando en Economía se introducen epítetos, el debate técnico transmuta en un debate emocional e irracional, el cual corre un serio riesgo de eternizarse en el tiempo y servir como «moneda de cambio» recurrente de negociaciones políticas de gobiernos en minoría parlamentaria.

Otro elemento capital que define la diferencia entre un «concierto económico» y un «pacto fiscal» es la pretensión incluida en el acuerdo de tener capacidad legislativa plena sobre todos los impuestos existentes con una autonomía total.

Ni siquiera en los regímenes forales vascos y navarro se ha llegado a tal extremo, porque cuando los gobernantes han intentado propasarse de la línea del principio de igualdad y no discriminación aprobando normativas lesivas para el conjunto del país, casi siempre ha estado la Justicia (sobre todo la europea) para impedirlo.

Este acuerdo incluso quiere ir más allá condicionando su aportación al conjunto del Estado a que las comunidades autónomas (CCAA) establezcan un nivel de esfuerzo fiscal equivalente al que se fije en Cataluña (apartado B, página 6 del Acuerdo).