Los términos que aparecen en el acuerdo traen fortísimos ecos del sistema foral de Concierto del País Vasco y el Convenio de Navarra. Si un sistema similar es posible en estos territorios, puede preguntarse: ¿por qué no también en Cataluña? El sistema de Concierto/ Convenio tiene amparo en la Constitución (disposición adicional primera), de acuerdo a una interpretación consolidada. Es una excepción al sistema común. Ello no significa que su inserción en el sistema autonómico esté exenta de problemas. Atribuir la recaudación de todos los tributos del Estado a las autoridades territoriales, como competencia propia, deja en sus manos la llave de la caja de lo recaudado para, posteriormente, negociar de forma bilateral con el Gobierno del Estado cuánto debe aportar el territorio a la caja común. En nuestra realidad política, en la que, salvo contadas excepciones, la gobernabilidad requiere del apoyo de fuerzas nacionalistas (destacadamente, catalanas y vascas) en el Congreso, la perspectiva de las negociaciones entre el Estado y la Generalitat sobre lo que debe aportar Cataluña se presenta muy complicada, con un Gobierno que tiene enfrente a quien dispone de la llave de la caja y de cuyo apoyo depende su estabilidad.

La experiencia de la determinación del Cupo a aportar por el País Vasco durante todos estos decenios es muy aleccionadora. El sistema foral ha sido asumible, en términos cuantitativos, por el escaso peso relativo del País Vasco y Navarra en la economía española (inferior al 8% entre ambos). No es el caso de Cataluña, que representa el 20% de la economía española, por lo que su afectación al total de las cuentas -y, por tanto, al dinero disponible para financiar a los territorios- es muy relevante. El sistema foral, sin embargo, tiene, tal y como se viene aplicando, un efecto distorsionador de carácter cualitativo -comparativo- al dar como resultado unos recursos por habitante en esos territorios llamativamente superiores a los de los demás. Es lo que ha impulsado en Cataluña el efecto emulador. El sistema autonómico tenía el reto de atenuar significativamente ese efecto distorsionador racionalizando el cálculo del Cupo y resolviendo los problemas del modelo de de financiación común. Los partidos de Gobierno han sido incapaces de hacerlo. Establecer para Cataluña un sistema con las características que se proponen va en la dirección contraria y multiplicará los problemas del sistema de financiación autonómico.

La financiación es el elemento más sensible en todos los sistemas federales. Del acierto en articular un modelo de distribución de los recursos financieros que sea coherente, equilibrado y justo depende la salud y la viabilidad a largo plazo del sistema de autonomías territoriales y la adecuada integración del país, a través de un efectivo sistema de nivelación financiera que garantice la solidaridad interterritorial. La experiencia federal evidencia que el equilibrio del sistema requiere una gran fortaleza fiscal -financiera- del Gobierno federal (central) que permita afrontar, desde la perspectiva del interés general de país, las necesidades y desequilibrios provocados por una realidad muchas veces imprevisible. La paz territorial, por su parte, requiere que el sistema de financiación tenga carácter general -aplicable a todos los territorios por igual- y naturaleza multilateral, de forma que todos los territorios se sientan partícipes del mismo, sin discriminación.

El modelo que se propone para Cataluña nos aleja radicalmente de los sistemas federales de referencia: Estados Unidos, Suiza, Alemania, Canadá e, incluso, la cuasi confederal Bélgica carecen de un sistema similar. Nos aleja del necesario proceso de perfeccionamiento federal del que está necesitado nuestro sistema autonómico. Y tiene como resultado el debilitamiento fiscal del Estado, lo que limitará la capacidad de gobierno del conjunto del país.