Ignacio Sánchez Cámara-EL DEBATE
  • El acuerdo entre PSC-ERC es el último pago, de momento, para mantenerse en el poder

El Gobierno se pudre. Es decir, se corrompe, se descompone, se estropea, se gangrena. Está viciado en origen porque nació de un pacto ilícito. Las dos últimas, seguro que solo penúltimas, muestras de su descomposición han sido el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad y la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno.

El acuerdo es el último pago, de momento, para mantenerse en el poder. Es una ignominia, un acto de simonía política. El separatismo paga a traidores. La Moncloa está en el mercado. Se compra, se vende o se alquila. El Gobierno deja de ser algo fuera del comercio. El contenido del pacto constituye un privilegio que vulnera la Constitución, al menos en lo que se refiere al principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley y a la solidaridad entre las comunidades autónomas. Además, el acreedor implacable no se corta y exhibe su insolencia humillante al proclamar que se trata de un nuevo paso hacia la independencia. Y el Gobierno calla y cede. Y satisface a quienes persiguen la destrucción de la unidad nacional. Entre el poder y la dignidad la opción es clara. Gana Illa, gana el independentismo. Las críticas de la oposición no pueden ser más justas. Y a ellas se añade las de los dirigentes socialistas de muchas comunidades y algunos líderes históricos. Naturalmente, Zapatero no entra en esta categoría. Al parecer, Felipe González ha ido sufriendo un imparable proceso de conversión a la extrema derecha. No es solo que el Gobierno sea débil o indigno; es que se pudre.

La querella presentada por la Abogacía del Estado es una prueba más del desprecio del Ejecutivo al derecho y a su sentido. Parece la Abogacía del Gobierno. No hay precedente. Ningún presidente se querelló antes contra un juez. ¿Qué interés tiene la Abogacía del Estado en un caso que afecta a una ciudadana particular, eso sí, esposa del presidente del Gobierno? Pedro Sánchez ha sido citado a declarar en su condición de familiar de la investigada y no como presidente del Gobierno. Se trata, pues, de un uso espurio de la institución. Se trata de apartar al juez de la investigación. Y, mientras tanto, el Tribunal Constitucional ejerce, en contra del ordenamiento constitucional como tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo en el caso de los ERE. El Gobierno arrastra así a la Justicia en su proceso de descomposición. Sin derecho no hay Estado de derecho. Y sin Estado de derecho no hay democracia ni libertad política. Seguimos con la mirada puesta en Caracas. No es solo que el Gobierno sea débil o indigno; es que se pudre.

Invocar el programa electoral socialista solo puede suscitar vergüenza ajena y risa si no fuera algo terrible. En realidad, podrí de hecho resumirse en un solo punto: hacer todo lo que sea necesario para tomar y conservar el poder. Y acaso lo más triste y grave de todo sea la indiferencia con la que tantos ciudadanos contemplan la destrucción del derecho y de sus instituciones. Mañana pueden ser también sus libertades y pasado mañana su bienestar. Mientras tanto, a disfrutar de las vacaciones. El Estado se pudre, pero no pasa nada. Aceptar como natural lo que es malo o injusto no puede producir otro efecto que el envilecimiento general.

Los sinónimos de pudrirse son corromper, descomponerse, estropearse, gangrenarse y encarroñar. Según el Diccionario de la Real Academia, encarroñar es «inficionar y ser causa de que se pudra algo». No es difícil conjeturar que el Gobierno está encarroñado.