- La deslealtad del independentismo y las urgencias del sanchismo están vaciando de contenido la Constitución del 78
José Luis Rodríguez Zapatero, el último valedor que le queda al dictador Maduro en todo el mundo, dejó como herencia a los españoles una crisis económica pavorosa y una bomba de relojería instalada en el corazón de nuestra arquitectura constitucional como fue el Estatuto de Cataluña. Todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de aquella irresponsable frivolidad mientras el autor del desaguisado se pasea por los platós de televisión y estudios de radio culpando del desastre al Tribunal Constitucional que se limitó a cumplir con su deber y puso freno a aquel bodrio abiertamente inconstitucional.
La herencia de Sánchez será igualmente devastadora porque no deja una sino dos bombas instaladas en el corazón del sistema: el agujero de las pensiones, que Europa de manera absolutamente irresponsable le está permitiendo engordar año tras año, y el concierto económico de Cataluña que liquida para siempre la solidaridad territorial. Lo mejor que se puede decir de la última cesión de Sánchez a ERC es que probablemente no llegará a hacerse efectiva, pero el aval político del PSOE a una demanda que hasta ahora se había negado incluso a considerar ya es irreversible. El independentismo ha ganado otra meta volante y cada vez le quedan menos objetivos que conquistar.
Los indultos o la amnistía son condenables porque debilitan la independencia judicial o el principio de igualdad de los españoles ante la ley, pero limitan sus efectos a hechos del pasado y no comprometen nuestro futuro de forma tan grave como lo hace el concierto económico que se acaba de pactar. La independencia fiscal de Cataluña altera las bases de la financiación de los servicios públicos en España para siempre. Cuando Sánchez e Illa sean dos jubilados de la política, los manchegos, extremeños, gallegos o andaluces seguiremos pagando en desigualdad y peores servicios los efectos de la voladura del principio de solidaridad territorial recogido en nuestra Constitución.
El año pasado, los Presupuestos Generales del Estado destinaron 40.000 millones de euros para cubrir el agujero de las pensiones en toda España, incluido el nada despreciable déficit de las pensiones de País Vasco y Navarra. Sin embargo, gracias al concierto económico, los ciudadanos de esas comunidades, que reciben las pensiones más altas y también las más deficitarias, no participan del esfuerzo común para cubrir el agujero del conjunto del sistema. Eso queda para los pringados, para quienes que no son singulares ni históricos ni forales, son sólo españoles a secas. Ahora ese curioso modelo de solidaridad –lo mío es mío y lo tuyo de los dos– se pretende ampliar también a Cataluña.
No existe un sistema que se pueda mantener eternamente sobre la desigualdad o la injusticia y en España estamos llegando a ese límite. La deslealtad del independentismo y las urgencias del sanchismo están vaciando de contenido la Constitución del 78 y cada vez más españoles se preguntan si para seguir viendo en democracia no será necesario renunciar a una unidad territorial de cartón piedra.