Tonia Etxarri-El Correo
No es de extrañar que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya querido rendir, en su primer acto oficial, su particular homenaje a los Mossos d’Esquadra con una visita, vetada a los medios de comunicación, al Centro de Sabadell. Porque la imagen de la Policía autónoma catalana ha quedado seriamente dañada tras la nueva fuga de Puigdemont, el jueves pasado, en pleno centro de Barcelona y a la vista de todo el mundo. Los afectados dicen que buscan «algún topo» dentro del cuerpo para explicar el fiasco de la operación que impidió poner al prófugo a disposición de la Justicia. Pero lo cierto es que su papel ha sido muy cuestionado y, a la hora de rendir cuentas, estamos asistiendo a un bochornoso espectáculo de elusión de responsabilidades desde el Ministerio del Interior, que dan qué pensar en una pasividad programada.
Puigdemont, que ya no tiene acta de parlamentario europeo, es diputado catalán. Y, como su causa sigue abierta en la instrucción del Tribunal Supremo, su detención era responsabilidad de todos. No sólo de los Mossos por su competencia exclusiva como policía integral, sino también de la Guardia Civil (fronteras) y Policía Nacional (servicios de información). Otra cosa es que la colaboración policial que dice el ministro que se les ofreció fuera rechazada por la policía de la Generalitat. El caso es que la respuesta de Grande Marlaska al juez Llarena ha vuelto a situar la pelota de los reproches sobre el tejado de los Mossos ante una fuga que necesitó contar con una estrategia de connivencia, de pasividad consentida y de una incompetencia policial manifiesta para resultar exitosa.
La redacción del dosier del ministro del Interior suena a excusas de mal pagador. Se apoya en el reglamento Schengen del Tratado de la Unión Europea para justificar que no hubiera cerrado la frontera. No consideró necesaria una medida de «último recurso» a pesar del plan anunciado a bombo y platillo por el propio prófugo. En 2018, cuando no estaba tan claras las intenciones de Puigdemont, el Gobierno de Rajoy puso un despliegue especial en las fronteras para tratar de interceptarlo por si pretendía acudir a aquella sesión de investidura. Y como entonces no se había pactado con los secesionistas, el CNI realizó labores de vigilancia y control. En fin, que ahora se habría podido hacer las cosas de otra manera si el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera estado tan condicionado por las exigencias de Puigdemont. Más obsesionado en no tener un problema añadido con el prófugo que en hacer cumplir la ley.
No hay más que escuchar a Salvador Illa en su discurso de investidura en el Parlamento catalán, defendiendo que «nadie ha de ser detenido por los hechos que los representantes de los ciudadanos han decidido amnistiar», para concluir que a Sánchez no le convenía que el prófugo de la justicia fuera detenido. Independientemente de sus promesas anteriores, ¿sus cambios de opinión?, «por razones de utilidad pública», por ejemplo. Eso dijo cuando justificó los indultos a los condenados en el ‘procés’. Fin de la cita.