¿Intuye usted lo que va a pasar en las negociaciones para elegir el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial? No me refiero a si sabe usted el nombre, sino a si usted cree que los veinte vocales del CGPJ van a votar en función de la etiqueta «conservador» o «progresista». O dicho de otro modo: ¿los diez vocales elegidos por el PSOE y los diez del PP están actuando en bloque? ¿Usted qué cree?

En esta sociedad del espectáculo la percepción es casi tan importante como la realidad, incluso más. Por eso, el informe que la UE publica anualmente sobre el estado de la Justicia en los países miembros siempre pregunta qué percibe la ciudadanía. El resultado suele ser terrible para España: a la cola de Europa con la mitad pensando que la independencia judicial es «mala». Un desastre, sobre todo porque no es verdad: cuando dictan sentencias los jueces son independientes.

Entonces, ¿por qué el ciudadano cree lo contrario? No ayuda mucho que el ministro Puente diga el día de la tocata y fuga de Puigdemont que el Supremo «se está extralimitando» al no aplicar la ley de Amnistía. Tampoco que en estos tiempos de ‘todosanchismo’ se hayan normalizado los ataques desde el Ejecutivo al Judicial y también las puertas giratorias. Y es por eso especialmente gravoso que el lunes el nuevo CGPJ se volviera a partir en dos al negarse los diez vocales progresistas a suscribir una declaración en defensa de la independencia judicial promovida por los diez conservadores tras las declaraciones de Puente. De modo que la pregunta es: este nuevo CGPJ, ¿es distinto del anterior? A pesar de que por primera vez son ellos los que están eligiendo a su presidente, empieza a costar creerlo. En sus manos está.

Pero esta columna no busca contribuir a estigmatizar a la Justicia española, todo lo contrario. La independencia de nuestros jueces es altísima a pesar de que el Gobierno ha puesto de moda el término inglés ‘lawfare’ (mi palabra candidata a ser aceptada por la RAE en 2024) para desprestigiar a la Sala II del Tribunal Supremo, la de Manuel Marchena, la que ha dicho que la amnistía es inaplicable. Lo que no cuenta Puente es cuántas querellas contra Sánchez o Bolaños han sido archivadas por esa misma Sala, que si quisiera tumbar al Gobierno lo tendría muy fácil pero no estaría haciendo su trabajo.

Giovani Sartori, 2016: «Estamos en manos de políticos ignorantes, que no conocen la historia ni tienen cultura. Sólo se preocupan por conservar su sillón. Pasan el día escuchando la opinión del contrario y pensando qué respuesta darle». Era tan preclaro Sartori que estaba describiendo a Puente cuando éste ni soñaba con ser ministro. Pero yo me resisto a asumir que todos los políticos son iguales. El problema es que en amplias capas de la sociedad la percepción es que sí porque es lo que se les transmite. Y esto es grave cuando hablamos de política y mortal cuando hablamos de Justicia.