Editorial-El Correo
- El Gobierno debe aclarar cómo será posible que el pacto para que Cataluña tenga más recursos beneficie a las demás comunidades
Transcurridas dos semanas desde la investidura de Salvador Illa, sigue sin conocerse cómo se articulará la principal novedad del acuerdo entre el PSC y ERC que la ha hecho posible: una financiación «singular» para Cataluña. El documento establece que esa comunidad recaudará todos los impuestos y contribuirá a los gastos del Estado con una cantidad cuyo importe y forma de cálculo está por determinar. Un sistema bautizado con toda lógica por Esquerra como «concierto fiscal» por sus inequívocas semejanzas con el vasco y el navarro, aunque carente del expreso amparo constitucional del que estos gozan. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció sin rodeos en contra de una cesión de tal calibre al independentismo unos días antes de que se concretara. Desde entonces ha guardado un estruendoso silencio, roto ahora para negar, ante el desconcierto general, que el modelo pueda calificarse de esa forma. La amenaza de los republicanos de retirar su apoyo al Gobierno si incumple sus compromisos ha sido el estrambote previsible.
Ese pacto ha propiciado una insólita rebelión de barones socialistas. Porque, se llame como se llame la nueva fórmula, se resume en que Cataluña dispondrá de más recursos para financiar sus competencias a costa de entregar menos dinero que hasta ahora a la caja del Estado, de la que es el segundo mayor contribuyente y que nutre a las demás comunidades del régimen común. Diga lo que diga Montero, no hay forma de completar un encaje de bolillos en el que ese cambio resulte beneficioso a la vez para todas las partes. Las matemáticas son tozudas. Las apelaciones genéricas a la solidaridad quedan reducidas a mera retórica a la vista de los condicionantes incluidos en el acuerdo y de la voluntad política que subyace en él, difícilmente compatible con el fomento de la igualdad que se le presupone a la socialdemocracia.
La ministra de Hacienda se ha limitado a juegos dialécticos en vez de explicar con detalle y números encima de la mesa su propuesta para una reforma que altera en profundidad el modelo territorial sin tener en cuenta a los demás afectados. De su aprobación -también de la actitud de Junts tras la investidura de Illa- depende la legislatura de Pedro Sánchez, quien, ante los enormes recelos que la medida ha causado en varios de sus socios, no tiene garantizada la mayoría necesaria para hacerla posible con una revisión de la ley orgánica de financiación autonómica