En el último trimestre del año se van a jugar dos partidas políticas fundamentales, la financiación catalana y los presupuestos, y en las dos la mano la tiene Sánchez aunque parezca que es Esquerra la dueña de la posición dominante. Sencillo de entender: si el partido de Junqueras y Rovira –Aragonès ya no pinta nada– no aprueba las cuentas, la legislatura entera puede caer y el concierto o como quiera que se llame no saldrá adelante. A ERC le abruma la sombra de Puigdemont, alargada como el ciprés castellano de Delibes, y el presidente del Gobierno lo sabe, como también sabe que el prófugo está pendiente de que Conde-Pumpido le resuelva la amnistía que ahora mismo tiene en el aire. Por supuesto que ese juego a varias bandas va a ser tan arriesgado como inestable, pero desde que el resultado electoral fue el que fue todo el mundo es consciente de que este mandato consiste en un comprometido paseo por el alambre.

Así las cosas, lo más probable es que la oposición pierda esta doble batalla, pero puede ganar el relato, que es el factor decisivo a medio plazo. Para eso necesita acertar por una vez al plantearlo, tanto en la estrategia como en el argumentario. La comunicación tiene dos planos, el social y el mediático. El segundo es fácil: consiste en ir a la prensa, la tele o la radio y soltar el canutazo. Lo que sucede es que también suele resultar aburrido y además en los telediarios tienen poco éxito los datos que requiere la explicación de un asunto ciertamente enredado. La clave está en el primer aspecto, la permeabilidad del discurso, y se consigue –como lo hacen los socialistas– movilizando todas las terminales de un partido en el boca a boca con el vecindario. Pero antes hay que fijar el criterio para no dar bandazos. Y en ese sentido hay indicios de que ni la dirección del PP ni sus barones territoriales lo acaban de tener claro. Esto no va del dinero a recibir por cada autonomía sino de algo mucho más importante: la igualdad entre los ciudadanos.

En otras palabras: se trata de cambiar el modelo constitucional por el portillo trasero para convertir España en un Estado confederal –no federal– y por tanto asimétrico en recursos, en servicios y sobre todo en derechos. Aceptar que el problema está en el ámbito fiscal es un enfoque incorrecto que conduce a que cada comunidad pugne por su propio papel en el reparto financiero: justo lo que pretende el Gobierno. La cuestión esencial del debate es el marco mental del independentismo, para el que la recaudación y gestión de los impuestos supone un paso más, y muy serio, en la construcción de estructuras institucionales soberanas que alejen –separen–a Cataluña del resto. Y un proyecto de esta clase no se puede combatir discutiendo sobre el señuelo de unos miles de millones de más o de menos. Es la idea misma de nación la que está en juego bajo este aparente pulso de privilegios.