- El objetivo ya no es sacar a Cataluña de España, sino a España de Cataluña. Y esa hoja de ruta se está cumpliendo religiosamente
Cuando Illa pase, que pasará, es previsible que algún día vuelvan a gobernar los separatistas en Cataluña. Ellos viven de la independencia así que seguirán volviéndolo a intentar: no hay mejor disculpa que reporte seis cifras de nómina pública haciéndose la víctima continuamente. Imaginemos que Junts y ERC, hoy tan lejanos y enfrentados, vuelven a usar el mejor pegamento para unirse, que es el intento de separarse de España. Ese día en que de la mano ocupen el Palacio de la Generalitat, como cuando convocaron el referéndum ilegal, tendrán dos herramientas impagables, servidas en bandeja de plata por Pedro Sánchez. La primera será un Código Penal malbaratado, sin el delito de sedición, con la rebaja del de malversación y con la jurisprudencia de haber sido perdonados por dar un golpe institucional. Y el segundo instrumento a su alcance será poseer una estructura de Estado, con Policía autonómica, competencias en inmigración, aniquilación de la lengua de todos, red de embajadas en el extranjero y soberanía fiscal, es decir, el dinero que correspondería a extremeños, riojanos o canarios retenidos para gastarlo en las políticas ‘indepes’. Lo que viene siendo un Estado en la época moderna, excluidas las políticas de Defensa.
El objetivo ya no es sacar a Cataluña de España, sino a España de Cataluña. Y esa hoja de ruta se está cumpliendo religiosamente. Tras la añagaza de que ya no hay violencia en las calles y la vida pública se ha desinflamado, nos encontramos con que una a una todas las metas volantes que se habían puesto los soberanistas se han ido cumpliendo. Hasta llegar a la meta final: el referéndum de autodeterminación. No habrá contenedores quemados ni El Prat se ha bloqueado por un tsunami de hordas violentas, pero es que ya no les hace falta. Tacita a tacita han conformado un casi Estado sobre la quiebra de la solidaridad entre españoles.
En la instrucción del Supremo ya quedó avalado que, en 2017, 35 separatistas, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, se habían gastado nueve millones de euros para el procés, para su propaganda y sus legaciones diplomáticas ilegales. Por eso los ha perseguido el Tribunal de Cuentas y por eso el Supremo les impuso el delito de malversación que, a partir de ahora, quedará en nada porque teóricamente no se metieron dinero en el bolsillo directamente. Así que, miel sobre hojuelas: si no hay delito de sedición, si no se malversa cuando se desvía dinero para otros fines y ahora les dotamos de más pasta robándosela al resto de España, ¿por qué no lo iban a volver a intentar? Ahora es todo más cómodo.
No hay más que cogerse un vuelo a Suiza para negociar con Santos Cerdán o hacerlo en el despacho de Junqueras en Barcelona. Y, ale hop, todo el patrimonio moral por el cual los distintos gobiernos de España habían defendido nuestra Constitución y la unidad de nuestra nación se quema en el altar de la enfermiza obsesión de un señor por el poder. Pero si algún día un loco con flequillo o sin él quiere investirse de la épica de un lunático y volver a atentar contra el ordenamiento jurídico español, tiene el camino expedito. Porque esto de dar un golpe en España se ha convertido en una ganga.