Mikel Buesa-La Razón
- Claro está que la propuesta de la señora Montero es sólo procedimental, seguramente porque ni siquiera atisba el modelo de gobernación al que su partido pretende llegar
La vicepresidenta María Jesús Montero se ha metido ella sola, a raíz del pacto PSC-ERC, en un berenjenal conceptual que amenaza con convertirse en un caos organizativo, político y administrativo que nos hará recordar la rebelión cantonal como una de las épocas más apacibles de la historia de España. Con rotundidad declaró el otro día que «ya he dado todas las pistas», sin aclarar, por cierto, por qué lo de Cataluña no es un trato de favor y sugerir más bien que se trata de un acuerdo que está al alcance de cualquier gobierno autonómico. Y ya puestos, se lanzó hacia el elogio del bilateralismo, principalmente porque, según ella, es casi imposible poner de acuerdo a todas las Comunidades Autónomas en los asuntos financieros. Así que, al parecer, se propone arrinconar el Consejo de Política Fiscal y Financiera –dice que para que los gobernantes regionales se quiten de encima el «coste electoral» de una negociación multilateral– y entrar en una fase de cambalaches sinalagmáticos al estilo catalán porque, según señala, no le vale «que le hablen de principios inspiradores» y sólo estaría dispuesta a charlar sobre «una fórmula matemática» –que, por cierto, ni siquiera atisba–. Así que, al parecer, de lo que se trata ahora es de quitarse de encima las discusiones pasadas y entrar en el toma y daca entre los consejeros de Hacienda y ella siguiendo el modelo del Principado para «inspirarse» y entrar así en una cosa que denomina pomposamente «proceso de federalización del Estado».
Claro está que la propuesta de la señora Montero es sólo procedimental, seguramente porque ni siquiera atisba el modelo de gobernación al que su partido pretende llegar. Lo esencial para ella es dialogar sobre la deuda de cada autonomía y sobre sus competencias estatutarias. Y ya se verá. Imagine el lector que ya que el día de los inocentes de 1985 el alcalde Tierno Galván declaró en un bando que el Manzanares era un río navegable, la Comunidad de Madrid exigiera la competencia exclusiva sobre los puertos fluviales –que ahora está en manos del Estado– para sublimar así las aspiraciones localistas de los madrileños –o tal vez sus locuras de la movida–. Pues de eso estamos hablando: del caos.