Sánchez y los síntomas contra la independencia judicial

Los españoles votamos nuestra Constitución en 1978 casi por unanimidad, y sus artículos, usando un símil futbolístico, son las reglas de juego democráticas de la Liga profesional española que, en lo tocante a la Justicia, exige que sea independiente e imparcial. Los árbitros que interpretan esas reglas de juego y la Ley, son los jueces y magistrados, y nadie duda de la importancia de un árbitro neutral. Ni los árbitros ni los jueces pueden trabajar siendo proclives a ningún equipo ni partido político.

Pero Pedro Sánchez presenta una clara sintomatología contra la independencia judicial, ya que pretende ganar partidos, y la liga, cambiando reglas a mitad de juego, comprando a los árbitros y haciendo trampas, motivo por el cual se ha disparado el número de denuncias, investigaciones y juicios contra su entorno familiar y el PSOE.

¿Y cuáles son los síntomas para reconocer los ataques del Sanchismo contra la independencia judicial? Pues muchos, como colocar a sus presuntos mercenarios en entidades públicas clave, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, etc. llegando ahora el turno a la recién nombrada Isabel Perelló, como Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS). Dicha magistrada debería actuar con independencia, aunque levanta sospechas su pertenencia a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, con tendencia de izquierdas), frente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, con tendencia conservadora).

Citaremos tres síntomas que habrá que vigilar en Sánchez y el seno del CGPJ y TS:

1º) Sánchez es consecuente con sus síntomas y perfil de «psicópata», es decir, persona sin empatía, antisocial, ajeno al cumplimiento de reglas, mentiroso, narcisista y sin remordimientos. Por tanto, una oposición parlamentaria, el sometimiento a reglas de juego democráticas, o una justicia independiente le molestan y perturban. Tampoco soporta discrepantes en su propio partido. Hay numerosos antecedentes de dictadores con dicho perfil.

2º) Designación de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, órgano este último que puede convertirse en azote de jueces díscolos a los designios del Sanchismo.

Para contrarrestarlo, la mayoría de los vocales del CGPJ deben seguir siendo nombrados por los propios jueces y magistrados, como establece el Artículo 122.3 de nuestra Constitución y ocurría hasta el 1 de julio de 1985, fecha en la que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho artículo sigue vigente y dispone que, «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros (20) nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». La denuncia por incumplir este precepto, ha sido informada y sigue abierta en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según la PETI nº 1561-2020, por parte del grupo «Por una Justicia Independiente». Su útil contenido puede consultarse en http://porunajusticiaindependiente.es .

El parche del pasado mes de junio, nombrando 10 vocales del CGPJ afines al PSOE y otros 10 al PP, así como el reciente nombramiento de su presidencia, se produce al haber sido obligados a una solución rápida en base a informes desfavorables con amenaza de retirar a España los fondos europeos. Resulta que el CGPJ tiene cuatro Comisiones, siendo una de ellas la Comisión Disciplinaria, que rara vez multa económicamente a los jueces, pero que es el temible órgano que sanciona, expedienta, o llegado el caso, puede promover una carrera profesional o un traslado indeseado.

Recordemos también que, en el año 2004, el Gobierno socialista de Zapatero (actual mediador del dictador Maduro) intervino el Poder Judicial por considerarlo conservador, siendo ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar (actual Europarlamentario) y fiscal general del Estado Conde-Pumpido (actual Presidente del Tribunal Constitucional). Se logró igualmente que la presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, fuese al mismo tiempo la presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, ¡Bingo! Resultando también que dicho Observatorio lo forman tres ministros (Igualdad, Interior, Justicia) junto al fiscal general del Estado, todos ellos nombrados por el presidente del Gobierno. La sucesora de Comas fue Inmaculada Montalbán Huertas (actual vicepresidente del Tribunal Constitucional) y, en la actualidad, el Observatorio lo preside Ángeles Carmona. Desde 2004, hasta el 1 de agosto del 2023, dicho Observatorio ha formado parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, ha introducido Cursos de perspectiva de Género para los jueces, etc., aunque haya reducido ahora su influencia, probablemente, a raíz de una cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y temiendo que España fuese condenada, como Rumanía, por no garantizar una Comisión Disciplinaria independiente e imparcial.

3º) Control de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que se ocupa de las causas penales de los cargos «aforados» que tenemos en España.

Si el psicópata de Sánchez lograse, a través de la nueva Presidente del CGPJ y TS, contaminar a la Comisión Disciplinaria del CGPJ y a la Sala 2ª del TS, nuestra democracia, y el Estado de Derecho en España y en Europa, estarían en situación de emergencia.

Para concluir, apuntamos dos formas de revertir estos síntomas perversos:

A) Que los partidos de la oposición despierten, y que los ciudadanos con sus abogados, presenten demandas por cuestiones prejudiciales ante el TJUE, alegando que en España se vulneran los Principios Europeos que garantizan un juicio con jueces y poder judicial independientes.

B) Abandonar la actitud del bipartidismo tradicional con respecto a la Justicia, en favor del cumplimiento de la Constitución, que es nuestra última línea de defensa, y aplicar el ya citado Artículo 122.3, para despolitizar, de una vez por todas, la Justicia en España.

• Carlos de Palma Arrabal es coronel retirado y coordinador de Iniciativa 2028 de la Sociedad Civil