De todo lo que dijeron el miércoles Pedro Sánchez y María Jesús Montero, con ese lenguaje político de madera trufado de eufemismos, ambigüedades y retruécanos, lo único que quedó claro es que planean una –otra– subida de impuestos. Que el pacto catalán, ése al que la ministra de Hacienda se niega ahora a llamar concierto después de haberlo denominado así hasta hace un mes y medio, lo va a pagar el resto de los españoles con su esfuerzo. Y no sólo porque las autonomías del montón –es decir, aquellas donde no hay partidos nacionalistas aliados con el sanchismo– vayan a perder ingresos en un juego de suma cero donde para que unos reciban más otros tienen que recibir menos, sino porque se les pretende limitar el derecho a disminuir su presión fiscal de acuerdo con sus propias atribuciones de autogobierno. No hacía falta que lo admitieran: está escrito en el mismo documento que el PSC y Esquerra firmaron para garantizar a Cataluña un privilegio financiero.

He aquí el muy progresista concepto de la solidaridad condicionada. Yo me quedo con las llaves de la caja por mi bella cara, me gasto lo que haga falta en políticas de exclusión lingüística, estructuras de Estado y embajadas, y ya si eso reparto algo de lo que me sobre, si sobra, siempre que los receptores no apliquen rebajas tributarias. De tal modo que los ciudadanos de las demás regiones, sobre todo los madrileños, que van en Lamborghini a tomar cañas y berberechos en las terrazas, sufraguen a la fuerza la franquicia arrancada por el independentismo a semejanza de la foralidad vasconavarra. Como dicho así no parece una idea muy igualitaria, Sánchez y Montero pretenden disfrazarla entre los tópicos de una cháchara destinada a convencernos de que sus claudicaciones ante el chantaje independentista constituyen en la práctica un novedoso aporte a la vertebración social y territorial de España. Que es, como todo el mundo sabe, el objetivo por el que Esquerra y Junts trabajan.

A ello hay que sumarle el llamado principio de ordinalidad, consagrado en la letra del compromiso de forma bien explícita, y que viene a significar que el territorio que más recaude ‘per cápita’ sea también el que más financiación ‘per cápita’ reciba. Lo cual conduce a que dos contribuyentes con igual nivel de renta e idéntica cuota impositiva van a obtener servicios públicos de calidad distinta según la comunidad en que vivan. Pura equidad redistributiva, método de estricta justicia que si se aplicase al sistema general del IRPF redundaría para los salarios más altos en un mejor y mayor acceso a prestaciones sanitarias, asistenciales o educativas. La solución compensatoria ideada por el Ejecutivo es bien sencilla: que suban los impuestos en Madrid, Valencia o Andalucía. Ésa sí es una premisa muy socialista. Lo que sigue sin encajar en el credo de progreso es que las regiones pobres subvencionen a las ricas.