La segunda valla consistió en la aprobación por parte de los accionistas de BBVA de una ampliación de capital que incluía la renuncia al derecho de suscripción preferente que correspondía a sus accionistas. La ampliación se aprobó con holgura. El poder de persuasión de la red comercial es inmenso y la postura de los accionistas acostumbra a ser influenciable y poco interesada. El banco pedía la renuncia porque necesitaba las acciones, una vez que el precio ofrecido se pagaba con esas acciones y no en dinero. Prueba superada.

Con la tercera empezó la serie de las vallas regulatorias. Las dos primeras correspondieron a los organismos internacionales. Una al regulador británico, que debía opinar acerca de los efectos que tendrá la operación sobre la filial británica del Sabadell y la segunda, crucial, al Banco Central Europeo, que es la máxima autoridad monetaria. Ambas opiniones se han conocido esta semana y ambas han sido positivas. Este resultado era fundamental para el desarrollo de la opa pero pocos dudaban del sentido de su decisión y menos aún de que BBVA no lo hubiera confirmado ante de dar el primer paso, dado que una negativa del BCE hubiese arruinado la idea y puesto en dificultades serias a sus patrocinadores.

Las dos segundas vallas regulatorias se juegan en España. La Comisión de la Competencia hablará primero y la CNMV lo hará después. La primera podrá poner algunas limitaciones y obligar a hacer algunas ventas y ajustes locales concretos, pero es difícil que se muestre en contra. El sector bancario ha reducido mucho el número de jugadores pero hay los suficiente para mantener un nivel saludable de competencia. Si la CNMC aprueba la opa, la CNMV hará lo mismo pues carecerá de motivos para oponerse al cumplir con la legislación vigente.

Y llegamos a la última valla, que es de índole política y que vista de lejos parece tener la altura del listón utilizado en la prueba de salto con pértiga. Me refiero al plácet gubernamental, que puede abortar la fusión pero no la toma de una posición de control. El tema se dirimirá en el área de los intereses catalanes del Gobierno una vez que ellos han mostrado su oposición y son gente cuyos intereses mima mucho el Gobierno por su propio interés.

¿Se atreverá a prohibir algo que han aprobado los reguladores nacionales y europeos y cuenta con el beneplácito de los accionistas? No tendría sentido, porque no tendrían argumentos, pero cosas peores hemos visto y todo dependerá de la situación en ese momento y de la mayor o menor necesidad de complacer a los partidos independentistas, que ven en la operación un nuevo capítulo de la ya larga historia que cuenta la huida de empresas ante los peligros que se derivan… de sus delirios.