Editorial-El Correo

  • España debe acoger a Edmundo González como asilado, sin olvidar que «el salvoconducto» ‘chavista’ trata de legitimar su poder dictatorial

La solicitud de asilo en España de Edmundo González Urrutia retrata el carácter dictatorial y matonista del régimen instaurado por Nicolás Maduro en Venezuela a cuenta de la herencia recibida de Hugo Chávez. El candidato a la Presidencia del país, que concurrió a las elecciones del 28 de julio porque la aspirante María Corina Machado fue inhabilitada para hacerlo por ese mismo régimen, tenía razones basadas en el cuenteo de actas para considerarse ganador de esos comicios. Pero no tuvo más remedio que guarecerse en la Embajada de Países Bajos en Caracas mientras Maduro le espetaba su «cobardía» en sucesivas comparecencias públicas a sabiendas de dónde se encontraba y era reclamado judicialmente para responder de graves acusaciones que acabaron dictando su búsqueda inquisitorial. Nada bueno podía esperarle a Edmundo González en Venezuela. Había sido sentenciado a una cárcel sin garantías o al exilio. Como lo están los opositores cercados por las fuerzas de la dictadura ‘chavista’ en la legación diplomática de Argentina en Caracas. España debe atender sin dilación la solicitud de asilo de quien, más que probablemente, ganó las presidenciales en Venezuela, dado que, además de poner en muy seria duda el escrutinio de la dictadura, la comunidad internacional no puede erigirle presidente ni pasar por alto el poder fáctico que sigue ejerciendo Nicolás Maduro.

Pero tampoco Sánchez y el ministro Albares están en condiciones de seguir presentando la peripecia de un avión de la Fuerza Aérea española rescatando a González y a su esposa en Caracas como si no se tratase de una solución acordada con Maduro y con Delcy Rodríguez. Es justo e imprescindible que el candidato disidente se encuentre a salvo en nuestro país, como otros opositores al régimen venezolano. Pero también es necesario recordar que ello forma parte del proceder de la dictadura ‘chavista’, cuando la vicepresidenta Rodríguez hace suyo «el salvoconducto» concedido a quien todavía continúa en busca y captura en Venezuela como una medida «en aras de la tranquilidad y paz política del país». Con el propósito de que «la huida cobarde» de quien a todas luces ganó las presidenciales del 28 de julio sirva para legitimar el poder dictatorial de Maduro. Y para disuadir a la oposición interna y a la contestación internacional de tratar de cambiar las cosas en Venezuela frente al heredero de Chávez y una autocracia basada en la corrupción política como sistema.