Editorial-El Correo

  • El informe Draghi afronta un reto previo: convencer de una nueva emisión europeísta de deuda a la que responder nacionalmente

El informe encargado a Mario Draghi por la Comisión Europea para la mejora de la competitividad de la UE en un entorno global dominado por Estados Unidos y China contiene una propuesta de inversión anual de entre 750.000 y 800.000 millones adicionales. Es probable que la magnitud económica del compromiso a adquirir pudiera ser suficiente para que la Unión llegue a asegurar una posición propia en términos de innovación tecnológica y energética y de producción industrial, ámbitos en los que se ha visto peligrosamente relegada por esos dos bloques. Pero el esfuerzo no solo exigiría establecer un nuevo marco de prioridades que afectaría a todos los demás sectores y eventualmente a la agenda social.

El recurso propuesto de emitir ‘eurobonos’ podría, además, acabar sintonizando una respuesta recelosa de los mercados con la renuencia de gobiernos carentes de estabilidad y deficitarios en favor popular. Requeriría de un consenso activo por parte de los Veintisiete para garantizar que una mayoría amplia de los socios comunitarios que representen casi al conjunto de la economía de la UE se dispongan a la tarea descrita por Draghi con prontitud, contribuyendo a la composición y a la autonomía de la nueva Comisión de Von der Leyen en función de ese objetivo. Lo que, al mismo tiempo, precisaría minimizar la influencia de los gobiernos nacionales con tentaciones de orbitar por su cuenta en torno a Pekín y solícitos ante Moscú, detener en términos generales el reloj de la ampliación comunitaria, reenfocar las relaciones con Londres de cara a las revisiones puntuales del Brexit que interesen a ambas partes, avanzar con presteza en la unidad bancaria y adelantarse en origen a la conformación de flujos migratorios acordes a la reactivación competitiva de Europa.

En otras palabras, la descomunal operación dibujada por Draghi sería irrealizable o se volvería ineficaz si no va precedida en una parte y acompasada en otra por un empeño de naturaleza política. Bruselas debería proceder a la toma en consideración formal del informe de manera que el pormenor de los cambios que finalmente resulten cuente desde un principio con un aval institucional de gobiernos y Parlamento Europeo que dé viabilidad a las reformas y a la participación de las empresas y de los mercados en el apuntalamiento de la Unión. Aunque hay un reto previo a afrontar: el anuncio de una nueva emisión europeísta de deuda a la que responder nacionalmente.