ARCADI ESPADA-EL MUNDO

EL LAZO amarillo es una infamia. Proclama, pestilente, que España no es un Estado de Derecho y que saltarse la ley es la necesidad derivada de esta condición. Al parecer, las leyes españolas permiten que en el espacio público se exhiban estas infamias. Porque hasta ahora no hay noticia de que la policía o alguna otra forma de autoridad hayan intervenido retirando o mandando retirar los lazos de la vía pública y exigiendo responsabilidad en el grado debido a las personas comprometidas en estas acciones. Esta actitud de las autoridades no es la misma que mantienen, por ejemplo, ante las pintadas insultantes contra personas o instituciones que aparecen, a veces, en los muros. Esta diferencia y el hecho mucho más contundente de que gran parte de edificios oficiales exhiben lazos amarillos confirma que la autoridad nacionalista en Cataluña es, en sí misma, una infamia.

Esta constatación ha animado a muchos ciudadanos de Cataluña a desenlazar. Es decir, a retirar todo lazo amarillo que encuentran prendido del espacio público. Yo mismo soy un moderado depredador de lazos, si voy sin prisa y la empresa no requiere de gran agilidad o fuerza. Mientras desenlazo, por cierto, tarareo aquel Viglietti para animarme: «A desenlazar, a desenlazar, que la tierra es nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José, é, é, é, é, é, é». Si la ley, en fin, permite exhibir infamias en el espacio público, cómo no va a permitir retirarlas.

Y, sin embargo, parece que no. Llegan noticias de que la policía privada del independentismo está empezando a actuar contra grupos que se han propuesto llevar a la práctica una aspiración que está en el programa político de la mayoría de los partidos democráticos: la higienización de la vida pública. La actuación de la policía se produce después de que el Valido llamara a actuar «contra el fascismo» y, según la consejería de Interior del gobierno autonómico, se ampara perfectamente en la legalidad. De esta situación se deducen dos obligaciones inmediatas y excluyentes para el Estado democrático. La primera y más obvia es el desmentido radical de que los ciudadanos que retiran lazos amarillos estén incumpliendo la ley. Y si este no se produjera, si la legalidad amparara el castigo contra los ciudadanos que defienden la democracia –como, por cierto, no supo defenderla el Gobierno del 155 cuando permitió los lazos en los propios edificios que custodiaba–, el Gobierno del Estado tiene la urgente obligación de cambiarla. Cualquier otra decisión confirmaría que el conjunto de la autoridad que ejerce en Cataluña es una infamia en sí misma.