Lo nunca visto desde 1979: un Gobierno pierde la votación de un decreto ley. El asunto en sí mismo considerado tiene un punto surrealista. ¿Es posible que el Parlamento español esté mayoritariamente en contra de cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra el monopolio de oferta de trabajo en el sector de los estibadores españoles? Lo que supone una violación del artículo 49 del Tratado de la UE.
No parece razonable y todo hace pensar que en cuanto pase el martes y la reunión fijada para ese día entre patronal y sindicatos, el Gobierno volverá a presentar el decreto y se aprobará sin mayores problemas. Todo es un postureo. Ciudadanos cambió su posición favorable hacia la abstención por la negativa de aplazar la votación hasta la semana próxima y se rebotaron contra el trágala del PP. El PSOE tiene el problema que todos ustedes conocen consigo mismo y han votado con Podemos por el temor a Sánchez.
La familia socialista no recibe hasta, por lo menos, el día en que se proclame a Susana candidata a las primarias. No es lógico. ¿Los socialistas aplicando a las disposiciones de la Unión Europea el criterio Colau, si no nos gustan no acatamos? ¿Los mismos socialistas que en diciembre de 2010 decían por boca de su vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «el que echa un pulso al Estado, pierde?».
No lo decía por los secesionistas catalanes, no se me confundan, sino por los controladores aéreos contra los que el Gobierno socialista declaró sin miramientos el estado de alarma. Sin miramientos y sin respeto a la Ley 4/81 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
Veamos. La propuesta del Gobierno rechazada por los estibadores suponía la jubilación a los 50 años con una pensión del 70% de sus haberes, o sea 3.400 euros al mes por 14 pagas. Podemos invitó a una decena de representantes de los estibadores, que saludaron a sus anfitriones levantando el puño y que fueron jaleados por sus diputados con el mismo gesto. Los aristócratas del muelle y sus representantes políticos. Me atrevería a decir que ningún estibador se cambiaría por el asistente de ‘Echeminga Dominga’. ¿A qué le llamarán casta estos capullos?
Hay más. Las consecuencias del desacato tienen un coste: 23 millones en primera instancia y 134.000 euros de multa por cada día de infracción a partir de la segunda sentencia, que será cualquier día de estos. Hay otras consecuencias indeseables; si el conflicto se mantuviera, tendrían ocasión de comprobarlo en el puerto de Barcelona, gracias al voto en contra del PDeCAT y la Esquerra. El PNV sabe que con las cosas de comer hay que gastar pocas bromas y votó a favor, no vaya a ser que el superpuerto de Bilbao y Pasajes pierdan posiciones entre los puertos europeos. Lamentaba del ministro De la Serna que la oposición multe a los españoles para castigar al Gobierno. Es una forma de decirlo, pero el credo que une a los políticos es el principio de que, total, a escote nada sale caro.