Editorial-El Correo

  • El Supremo emplaza a los Mossos y a Interior a dar las aclaraciones sobre la fuga de Puigdemont que siguen sin ofrecer

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que mantiene en vigor la orden de búsqueda y captura contra Carles Puigdemont en territorio nacional al entender que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación que pesa sobre él, exigió ayer detalladas explicaciones a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre los dispositivos que desplegaron para cumplirla. El instructor del ‘procés’ desea aclarar los motivos del estrepitoso fracaso de las fuerzas de seguridad que permitió el jueves la huida del expresidente de la Generalitat pese a conocerse con varios días de antelación su propósito de regresar a Barcelona y de acudir a los actos de recibimiento organizados por su partido una hora antes de que comenzara el pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Según han manifestado personas de su entorno, el líder de Junts se encontraba en Barcelona desde el martes sin que hubiese sido detectada su presencia. Él mismo aseguró anoche que está de regreso en Waterloo tras una humillación al Estado de Derecho. Un mayúsculo ridículo sobre el que las instituciones interpeladas por el juez siguen sin ofrecer las aclaraciones que merece una escandalizada opinión pública.

Resulta inconcebible que, según se desprende de las palabras de sus máximos responsables, el Cuerpo fiara toda su actuación a que un prófugo de la Justicia se dejase arrestar en las inmediaciones del Parlament sin haber contemplado siquiera la posibilidad, por remota que fuese, de que intentara escaparse entre la multitud, como hizo para bochorno de los Mossos, cuyo crédito se ha visto muy deteriorado. Además, es inadmisible el silencio del Gobierno central sobre el fallido papel de las policías bajo su mando en el control de las fronteras y en la búsqueda de Puigdemont, y sobre el papel del CNI en el caso.

Illa está obligado a impulsar una investigación interna en la Policía autonómica para dilucidar responsabilidades, que no se extinguen con el inminente cambio de consejeros. Su loable deseo de normalizar la vida política en Cataluña no le permite esquivar un hecho tan escandaloso, ni eludir el respeto a la separación de poderes ignorando resoluciones judiciales aunque no las comparta. Con la legitimidad incuestionable que le proporciona el respaldo de la Cámara que le ha investido, la transparencia en este asunto será un buen termómetro de la etapa de cambio que ha anunciado.