Es verdad: hay razones muy poderosas para oponerse a los indultos. Razones jurídicas, políticas, incluso éticas. No me refiero a los argumentos legales contra la medida apuntados por el informe del Supremo; no soy jurista: doctores tiene la Iglesia. Tampoco pienso en quienes esgrimen indignidades, humillación y ofensas; eso no son razones, sino sentimientos y, si algo nos ha enseñado el procés, es que hay pocas cosas más tóxicas que la sentimentalización de la vida pública: se puede discutir sobre razones, pero no sobre sentimientos, y de ahí que la sentimentalización de la política sea la muerte de la política (al menos, de la política democrática). Se dice a menudo que Pedro Sánchez concede los indultos porque necesita a los secesionistas para mantenerse en el poder; el argumento, que contiene una parte de verdad —si quiere seguir en la presidencia sin grandes contratiempos, Sánchez debe preservar la mayoría parlamentaria que le respalda—, es finalmente pueril: no hay ningún político que no quiera mantenerse en el poder: la cuestión es si lo que hace para conseguirlo beneficia o no a sus conciudadanos. En cuanto a la insinuación de Díaz Ayuso de que el Rey podría no firmar los indultos, es solo una perfecta irresponsabilidad, a menos que la presidenta de Madrid no haya leído la Constitución o sea un submarino de Carles Puigdemont.

Pero sí: existen razones muy poderosas para oponerse a los indultos, la principal de las cuales es que los presos del procés no sólo no se han arrepentido de lo que hicieron, sino que siguen proclamando que lo que hicieron fue correcto y, en casi todos los casos, que lo volverán a hacer. Por supuesto, hay quien dice que no hicieron nada; es falso: lo que hicieron, en el otoño infausto de 2017, fue arremeter contra la democracia en nombre de la democracia, amedrentar a la mitad o más de la mitad de los catalanes, provocar la huida de miles de empresas de Cataluña y colocar a esta al borde del enfrentamiento civil. Por eso están en la cárcel: por sus actos, no por sus ideas. La pregunta es: ¿merecen tales personas esta medida excepcional? El Gobierno la justifica bajo el criterio de “utilidad pública” que prevé la ley; es decir, por la convicción (o la esperanza) de que la salida de la cárcel de los condenados sirva para la concordia y la reconciliación.

Ahora bien, reconozcamos que nadie en su sano juicio y con un mínimo de decencia puede estar contra ambas cosas; tampoco, los que discrepan del indulto. Quiero decir que nadie tiene derecho a pensar que quienes se oponen a esa medida son fachas sedientos de venganza y no personas que (como el propio presidente del Gobierno hasta no hace mucho) piensan que la mejor manera de lograr la concordia y la reconciliación es que los presos cumplan íntegra su condena. Por lo mismo, nadie tiene derecho a pensar que quienes estamos a favor de los indultos somos sicarios del sanchismo o tontos útiles del secesionismo. Dicho de otro modo: partamos de la base de que todos —como mínimo, todos los demócratas— buscamos idéntico objetivo, y de que sólo diferimos en la forma de encontrarlo.

¿Servirá el indulto para la reconciliación y la concordia, y por tanto para fortalecer la democracia? Esa es la pregunta del millón. Y el Gobierno, que debe de tener elementos de juicio para pensar que la respuesta es afirmativa, tiene la obligación de exponerlos con la máxima claridad, así como de explicar qué piensa hacer después del indulto para enderezar este tuerto monumental. No sé si, el lunes, la intervención del presidente Sánchez en el Liceo de Barcelona fue necesaria, pero estoy seguro de que fue insuficiente; esperemos al anunciado debate del día 30 en el Congreso, que es donde deben discutirse estas cosas. Necesitamos esas explicaciones. Ante todo, las necesitamos los catalanes agredidos por la brutalidad antidemocrática del secesionismo de 2017 (y por las tropelías del de ahora mismo).

De nuevo: ¿pueden servir los indultos? Desde que el Gobierno los anunció, hemos tenido indicios, vislumbres, atisbos de que podrían servir, o quizá simplemente nos hemos esforzado en tenerlos, interpretando con un optimismo tal vez excesivo la carta de Junqueras desde la cárcel, o la foto de Pere Aragonès con el Rey. Es verdad en todo caso que, en Cataluña, el clima político ha mejorado a raíz del anuncio de la medida —una mejora alentada por el próximo fin de la pandemia y la llegada inminente de los fondos del plan de recuperación europeo—; no es menos verdad que entre nosotros el apoyo a los indultos es muy alto. No hablo sólo del apoyo de los empresarios, la patronal, la iglesia o los sindicatos, que tan triste papel han desempeñado casi siempre en el procés; hablo de la gente común y corriente. Ahora mismo no resulta fácil encontrar entre los constitucionalistas catalanes a alguien contrario a los indultos; los argumentos son conocidos: se cree que parte del secesionismo de a pie apreciará la medida y que por tanto ayudará a destensar la situación y a propiciar el diálogo; se razona que el Estado muestra su fortaleza mostrándose generoso con unos condenados que además ya han cumplido buena parte de su condena; se confía en que la medida quite razones a los secesionistas; se constata que la cárcel los une y el indulto los divide, etcétera. Además de conocidos, los argumentos son discutibles, pero no la existencia de esa mayoría social favorable al indulto. El hecho es relevante: se olvida con frecuencia que el llamado problema catalán no es primariamente un problema entre Cataluña y España, sino un problema entre catalanes, más de la mitad de los cuales hemos dicho una y otra vez, de todas las formas posibles, que no queremos la secesión. Por lo demás, también hay cosas indudables, como que los indultos, parciales, mantienen la condena por inhabilitación, o como el nerviosismo por momentos lindante con la histeria que su anuncio ha desencadenado en el secesionismo más duro, que siente que la medida le priva de una baza insustituible, nacional y sobre todo internacionalmente.

¿Significa todo esto que los indultos serán el principio del fin de la pesadilla? No lo sé. Tampoco creo que lo sepa el Gobierno. Ni siquiera esos secesionistas echados al monte que expresan en privado el deseo de regresar a la civilización, y que necesitan o dicen necesitar como agua de mayo los indultos para dar los primeros pasos… No hay certezas, quizá no puede haberlas.

Planteado así el problema, a los partidarios de los indultos se nos podrá acusar de estar realizando apenas un acto de fe. La objeción me parece justa, además de dolorosa (sobre todo para mí, que soy un temible descreído): es un acto de fe en la concordia entre catalanes, en la buena voluntad de nuestros conciudadanos y en el futuro de nuestro país; pero también un acto de fe en el Gobierno, al fin y al cabo un Gobierno democrático que, nos guste o no, es el de todos. Yo entiendo muy bien que haya quien no pueda o no quiera hacer ese acto de fe. No tengo nada que reprocharles. Sólo espero que sean ellos quienes se equivoquen.

Javier Cercas es escritor.