Editorial-El Correo
La detención de la jueza de Wisconsin Hannah Dugan, acusada de ayudar a un inmigrante irregular a evitar su aprehensión y previsible expulsión de EE UU, trasciende los propios hechos, por los que Dugan deberá afrontar la responsabilidad que corresponda. No es preciso especular sobre el propósito de la primera medida de este tipo conocida desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, Su ministra de Justicia, Pamela Bondi, lo ha dejado muy claro: «Nadie está por encima de la ley. Iremos a por vosotros, os encontraremos y os procesaremos», advirtió a los funcionarios que impidan o dificulten la aplicación de la draconiana política de extranjería. Una ofensiva sin escrúpulos, que aprovecha las comparecencias judiciales de indocumentados por cualquier motivo para cazarlos, y que ahora se dirige también contra la Justicia, el último contrapeso frente a los abusos. Mientras, la Administración Trump desoye la orden de un juzgado federal para que se devuelva al país a Kilmar Abrego, expulsado por un «error administrativo», al que no se quiere repatriar desde la siniestra cárcel salvadoreña de Cecot. La preocupación por el autoritarismo y la erosión a la democracia no deja de crecer.