España verá este domingo 30 de noviembre un modelo de protesta ciudadana que refleja una concepción radicalmente distinta de la democracia a la que pudo verse el pasado domingo pasado frente al Tribunal Supremo.
Porque hace apenas una semana, unos pocos centenares de personas se concentraron frente al Tribunal Supremo para denunciar como «golpista» la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Por otro lado, este domingo, el Partido Popular ha convocado en el Templo de Debod una manifestación contra la corrupción que ha llevado a prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.
La diferencia entre ambas protestas no es sólo de signo político. Es de calidad democrática.
Manifestarse contra una sentencia judicial firme coreando insultos como «jueces fascistas» y «golpistas con toga» constituye un ataque frontal a la separación de poderes.
El fiscal general fue condenado por un delito tipificado en el Código Penal tras un proceso con todas las garantías.
Que el fallo resulte incómodo para el Gobierno no lo convierte en arbitrario ni en político. Los jueces aplican la ley y los ciudadanos pueden discrepar de sus resoluciones. Pero erosionar la legitimidad del Poder Judicial socava los cimientos mismos del Estado de derecho.
Quienes el pasado domingo identificaron justicia con fascismo no defendían la democracia: la ponían en peligro.
La concentración de este domingo responde, sin embargo, a una lógica opuesta.
La protesta del PP no se dirige contra ningún tribunal ni pretende cuestionar resolución judicial alguna.
Al contrario, celebra que la Justicia haya actuado decretando prisión provisional para dos figuras centrales del caso Koldo, una trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia que salpica al corazón del PSOE.
Manifestarse para exigir responsabilidades políticas ante indicios sólidos de cohecho, malversación y organización criminal es un ejercicio legítimo de ciudadanía activa.
Es, de hecho, lo que cabe esperar de una sociedad sana.
El contexto agrava la urgencia. Ábalos fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Koldo García, su mano derecha.
La Guardia Civil atribuye a ambos el liderazgo de una red que adjudicaba contratos millonarios a cambio de mordidas.
El juez Leopoldo Puente fundamentó la prisión provisional en un riesgo «extremo» de fuga y en penas solicitadas de hasta treinta años.
No estamos por tanto ante una cacería política, sino ante el funcionamiento ordinario del sistema penal frente a presuntos delincuentes.
Resulta llamativo que Vox haya decidido no acudir a la protesta del domingo, calificándola de «acto de partido».
La formación de Santiago Abascal participó en las primeras manifestaciones contra la amnistía, pero ahora se desmarca de una convocatoria que Feijóo ha definido como «cívica, abierta y sin siglas».
Esta ausencia, lejos de debilitar al PP, lo posiciona como la única oposición real al sanchismo. Y alimenta la sospecha de que Vox ‘trabaja’ para Sánchez en una pinza contra el PP.
Mientras Vox opta por la pureza testimonial, los populares asumen el liderazgo de la indignación ciudadana ante la corrupción. Los expresidentes Aznar y Rajoy han confirmado ya su asistencia junto a la práctica totalidad de los barones territoriales.
El PSOE intentará probablemente minimizar la asistencia, como hizo tras la manifestación del pasado 8 de junio en Plaza de España. Seguramente, hablará de «pinchazo» y de «fracaso», olvidando que hace sólo una semana apenas pudo convocar a unos pocos cientos de personas frente al Supremo.
Pero la aritmética de los congregados importa menos que la legitimidad de la causa.
Protestar contra jueces que condenan a un alto cargo por vulnerar la ley es un ejercicio de sectarismo.
Protestar contra políticos que presuntamente saquearon las arcas públicas en plena pandemia es un acto de higiene democrática.
EL ESPAÑOL defiende que la legitimidad democrática no la conceden las manifestaciones (una forma de participación ciudadana que este diario considera lícita, pero anacrónica), sino las urnas y el posterior sometimiento de los cargos electos a unas elementales normas de obediencia y respeto al Estado de derecho.
En España, hoy, el presidente tiene lo primero, pero ha obviado de forma voluntaria y contumaz lo segundo.
La protesta callejera es, por tanto, la única forma de participación civil democrática que Pedro Sánchez permite hoy en España, dada su reiterada negativa a convocar elecciones. Mejor, en definitiva, protestar en las calles contra la corrupción que en favor de ella y en contra de los jueces.