Después de años de frenética actividad secesionista vertebrada por la educación y ciertos medios de comunicación, así como por ingentes cantidades de dinero público, ha llegado el momento de terminar con las concesiones y los aspavientos. George Steiner, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, al referirse al concepto de verdad, apunta que no todos los golpes de Estado suponen violencia armada. Lo que ocurre ahora en España exige especial claridad de ideas. Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas están perpetrando un golpe de Estado, por ahora sin violencia armada, pero con el propósito cien veces declarado de fracturar la Constitución y descuartizar la unidad de España.
A los golpistas, ni agua. La España constitucionalista del PP, el PSOE y Ciudadanos debe colocar a los líderes secesionistas en la alta traición a la nación y en el desafío contra la Carta Magna y la voluntad soberana del pueblo español. Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas se cachondean de Rajoy, de Sáenz de Santamaría, de Rivera y de Díaz. Y lo hacen sin tapujos, a cara descubierta, con la burla permanente a lo que la Carta Magna exige y el Tribunal Constitucional sentencia.
No voy a denunciar ahora los errores cometidos por todos los Gobiernos, empezando por el estúpido café para todos de Adolfo Suárez y terminando por la sandez arriólica del «aquí no pasa nada, el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico». La realidad es muy tozuda y estamos ya al borde del choque de trenes.
Claro que es necesario negociar, claro que el diálogo hasta la extenuación es la clave de la política seria. Pero no hay otra negociación posible, no existe diálogo razonable si no se coloca sobre la mesa la Constitución y se rechaza la exigencia de un referéndum que ofende a la voluntad de los españoles.
En la Monarquía parlamentaria, la Monarquía de todos que defendió desde su exilio Don Juan III, caben las más varias posiciones políticas. También el secesionismo. Siempre y cuando se actúe desde la ley y no perpetrando un golpe de Estado. En su artículo 168, la Constitución admite las aspiraciones de los soberanistas catalanes. Necesitan para ello los dos tercios del Congreso, los dos tercios del Senado y a continuación elecciones generales. En el nuevo Parlamento deberán obtener también los dos tercios del Congreso y del Senado. Y si lo consiguieran, entonces la Constitución exige referéndum nacional en el que todos los españoles, libres e iguales ante la ley, y entre ellos, claro está, los catalanes, ejerzan su derecho a decidir.
Los secesionistas Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas, que pretenden hacer sus piruetas políticas vulnerando la ley constitucional, se merecen el calificativo de golpistas. Y como tal habrá que tratarlos sin contemplaciones, porque no existe otro diálogo posible que aquel que parte del respeto explícito a la ley de leyes, a la Constitución que en 1978 aprobó el pueblo español a través de la voluntad general libremente expresada.