La paradoja abierta por el ataque híbrido del 30 de julio es incómoda, pero sencilla: a Marruecos le conviene que España responda ahora.

No porque una sanción española favorezca sus intereses inmediatos, sino porque una reacción limitada, inteligible y reversible permitiría cerrar la crisis antes de que se convierta en una deuda política.

Evitar hoy cualquier coste puede parecer una victoria para Rabat.

A medio plazo, sin embargo, fabricará una respuesta española más extensa, más nacionalista y bastante más difícil de contener y (hasta entonces) envenenará las relaciones con Marruecos.

La ausencia de reacción no equivale a estabilidad. Sólo desplaza el conflicto desde la relación entre dos gobiernos hacia la memoria política de una sociedad.

España y Marruecos seguirán compartiendo el Estrecho, el comercio, la cooperación migratoria y una geografía dominada por Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Precisamente por eso, dejar una agresión sin consecuencias no protege la relación bilateral: introduce en ella una deuda pendiente.

El ataque del 30 de julio ha producido una coincidencia infrecuente.

La izquierda y la derecha pueden discrepar sobre la responsabilidad del Gobierno, sobre la política hacia Rabat o sobre el instrumento concreto de respuesta, pero la exigencia de que Marruecos afronte alguna consecuencia rebasa esa división.

La reacción sociológica ya se ha manifestado en las calles, en la atención de los medios y en los campos de fútbol. La onda expansiva de la respuesta política, en cambio, la está absorbiendo el PSOE y el Gobierno.

Cada semana sin una medida visible desmoviliza a la izquierda y refuerza a sus adversarios. El Ejecutivo puede frenar temporalmente la respuesta estatal, pero lo hace a cambio de absorber todo el desgaste.

Rabat corre así el riesgo de confundir la inhibición de un Gobierno débil y anómalo con la no respuesta de España.

Los gobiernos cambian; los agravios que entran en la competición electoral permanecen. Un futuro ejecutivo de derechas podría encontrar no solo margen, sino incentivos para responder con mayor dureza.

Podría revisar la posición española sobre el Sáhara Occidental, someter a examen la cooperación bilateral y convertir la rectificación de la política hacia Marruecos en una prueba de autoridad para la política interna.

Actuar contra Rabat sería entonces popular entre un electorado al que se habría prometido saldar la deuda acumulada durante años.

La demora alteraría también la naturaleza de la respuesta. Hoy todavía puede ser proporcional al episodio del 30 de julio, dirigirse contra intereses económicos y políticos delimitados y quedar vinculada a unas condiciones explícitas de desescalada.

Dentro de dos, cuatro o cinco años, probablemente aparecería unida a todo lo ocurrido desde entonces.

«Marruecos sabe que cuanto más tiempo transcurra, más difícil será que un nuevo Gobierno se conforme con una respuesta técnica y discreta»

Cada fricción fronteriza, cada disputa diplomática y cada concesión será interpretada como señal de debilidad, y los gobiernos españoles no tendrán margen para negociar con Marruecos. El electorado les demandará una respuesta contundente.

Ya no se discutiría cómo responder a un ataque concreto, sino cómo revisar en bloque la relación con Marruecos.

Esto explica por qué una crisis política y económica limitada en el presente puede resultar menos peligrosa que una confrontación futura de tono nacionalista.

Por eso, a Marruecos le conviene que España adopte sanciones hoy y no mañana. Cuanto más tiempo transcurra, más difícil será que un nuevo Gobierno se conforme con una respuesta técnica y discreta.

La utilidad de responder ahora no reside en castigar por castigar. Consiste en restablecer una secuencia comprensible para los dos países: ataque, coste proporcional, negociación y eventual normalización.

Una combinación graduada de medidas diplomáticas, económicas o políticas podría comunicar que el empleo de instrumentos híbridos cruza un umbral sin convertir toda la relación bilateral en un conflicto permanente.

Para que funcione, la respuesta tendría que estar ligada al ataque, ser reversible y ofrecer a Rabat una salida.

No responder tampoco preserva la cooperación. La incertidumbre ante lo que hará o no hará España o Marruecos a futuro ya está instalada y paralizará a largo plazo inversiones, comercio y cualquier acercamiento.

En cambio, una crisis acotada permitiría instaurar una situación mucho más clara para que la cooperación económica y la seguridad puedan persistir.

Las empresas españolas pueden reducir su exposición si consideran que Marruecos volverá a utilizar la interdependencia como instrumento de presión.

Y las empresas marroquíes pueden encontrar más resistencias si sus inversiones son percibidas como posibles palancas políticas.

«La cuestión relevante no es elegir entre crisis y armonía, porque el ataque del 30 de julio ya destruyó esa alternativa»

Sin ruptura formal, hoy la relación se tornará cada vez más desconfiada y venenosa y dañará las relaciones bilaterales durante los lustros venideros.

El efecto más peligroso aparecerá en el terreno de la seguridad.

Si Rabat teme (con razón) que un futuro Gobierno español adopte una política más hostil, tendrá incentivos para reducir vulnerabilidades, reforzar apoyos exteriores y prepararse para el choque.

Desde Marruecos, esos movimientos podrán considerarse defensivos.

Desde España, serán leídos como confirmación de una intención agresiva. Madrid responderá con sus propios preparativos, que Rabat interpretará a su vez como una amenaza.

Y así, Marruecos construirá un dilema de seguridad con España, el mismo tipo de relación que mantiene con Argelia. Ninguna parte necesita desear una guerra para quedar atrapada en una dinámica que la haga más probable.

Puede objetarse que una sanción española provocaría represalias marroquíes.

Es cierto: toda restauración de la disuasión tiene un coste y puede abrir una crisis.

La cuestión relevante no es elegir entre crisis y armonía, porque el ataque del 30 de julio ya destruyó esa alternativa.

La elección real se plantea entre una crisis limitada ahora, cuando todavía pueden definirse su objeto y su salida, y una crisis diferida que llegará cargada de incentivos electorales, desconfianza militar y agravios superpuestos.

A Marruecos le conviene ser sancionado en términos inmediatos: le conviene que esta crisis quede cerrada mientras todavía es administrable. Debería preferir una corrección soportable hoy a una revisión estratégica de la relación mañana.

España, por su parte, no necesita responder por revancha, sino para preservar la seguridad y la defensa de sus ciudadanos en primer lugar. Y para que (de paso) ello proteja las relaciones económicas de las que nos beneficiábamos.

La moderación no consiste en renunciar a imponer costes. Consiste en hacerlo antes de que el tiempo, la política interior y el miedo recíproco vuelvan inevitable una respuesta mucho más grave y nos conduzcan a un dilema de seguridad.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.