Pedro Sánchez necesitará algo más que el doble ‘tripartit’ vasco-catalán encubierto que solidificó esta semana en el Congreso de los Diputados con los presupuestos, si quiere seguir en la Moncloa más allá de 2023. Eso es así porque el presidente del Gobierno logró la calma institucional con el apoyo de Esquerra Republicana y de Bildu a unas cuentas que le permitirán seguir hasta el final de la legislatura. Sin embargo, la calma callejera se hará esperar más, asumida la tendencia inflacionista que acecha a España en los últimos meses, en las protestas como la de los trabajadores del metal, los agricultores, los policías, o hasta reductos de estudiantes, en caso de que el malestar social siga creciendo. 

De momento, el presidente ha logrado sellar la entente institucional con la formación abertzale y los republicanos catalanes, bajo el mantra de que a Gabriel Rufián o a Arnaldo Otegi siempre les convendrá más que gobierne la izquierda a que lo haga la derecha. Es una de las poderosas ramificaciones de la polarización: las formaciones más pequeñas pierden todo poder de negociación y de fiscalizar sus acuerdos, a sabiendas de que hacer caer al gobierno del PSOE y Unidas Podemos no les sería conveniente. Por eso, ERC y Bildu se dieron por entero a las cuentas a un coste tan bajo como el de un canal infantil en euskera, y la traducción del audiovisual en las plataformas digitales al catalán. 

Sin embargo, el acuerdo anuncia movimientos sísmicos en tres puntos calientes: el Congreso, Cataluña y Euskadi. Primero, por la irritación de la derecha, bajo la acusación de que ese precio bajo, en verdad, se habría cobrado ya vía indultos a los políticos catalanes por el juicio del 1-O, o con un hipotético traslado de presos etarras en el segundo caso. Sánchez aprieta filas propias gracias al enfado de enfrente. En segundo lugar, porque el presidente ha reventado tablero con los dos nuevos ‘tripartits’ que se abran paso, por la puerta de atrás, de forma encubierta. 

Todo ello pone además al partido de Carles Puigdemont contra las cuerdas 

De un lado, Pere Aragonès se dispone a ocupar el carril de la centralidad en Cataluña, tras haber desplazado esta semana la CUP de las cuentas, apostando por los Comunes. El ‘quid pro quo’ a tres bandas, Generalitat, ciudad de Barcelona y Moncloa, garantiza algo valioso para el ‘president’: liberarse del yugo independentista que le podía hacer descarrilar a dos años vista. 

Es el tiempo que les queda a los republicanos hasta la cuestión de confianza que la CUP exigió a cambio de investir a Aragonès, cuando se debía fiscalizar el avance en materia independentista. El ‘president’ se abocaba a constatar ante sus dos rivales, cuperos y junteros, que la mesa de diálogo con Sánchez no arrojará ningún referéndum de autodeterminación. En cambio, ahora contará con los Comunes para seguir gobernando y la pelota, en todo caso, estará en el tejado de los junteros. Se rompe con la premisa de que ERC era mal estratega en su afán de convertirse en el partido de referencia como otrora lo fuera CiU.

Todo ello pone además al partido de Carles Puigdemont contra las cuerdas: traga con el sapo de sostenerse sobre la formación de Ada Colau más por necesidad que por convicción. Pasa que Junts no ha sido capaz de construir un programa que no pase por recuperar la pantalla de 2017, irrealizable por lo obvio de las consecuencias penales. Aunque fuera del Govern haría más frío que dentro, al perder la visibilidad, los cargos a dedo, y la financiación, la realidad es que el partido ya se preparó el inicio de la legislatura para paliar cualquier desgaste. Muestra es que las ‘conselleries’ de Junts fueron ocupadas varias figuras independientes, por si se quemaban como un fusible.

A fin de cuentas, toda esta ficción, a modo de Tripartit por la puerta de atrás ERC-Podemos-PSOE no es más que la consecuencia de la hipocresía de un Aragonès que necesita ir de la mano de CUP y Junts para no perder votos, aunque esta legislatura vaya a ser eminentemente social, en su regreso a la política de cosmovisión autonomista. Esto es, la centrada en la Generalitat y no en veleidades independentistas.

Sin embargo, el terremoto aún tuvo otra parada esta semana y fue en la casilla de Bildu. Sánchez ha logrado en cuestión de dos años normalizar el apoyo de Otegi a sus cuentas. El deshielo se constató con sus palabras el aniversario del fin de ETA, como primera piedra de un acercamiento que ya se dio en pandemia y que solo puede ir a más de ahora en adelante. Bildu aspira a ser fuerza de gobierno en Euskadi, y ese ensanchar la base pasa por su influencia en Madrid para lograr acuerdos. Es más, si Podemos sigue perdiendo apoyos en el País Vasco, en un futuro su crecimiento podría llegar a reemplazar al PNV como socio de los socialistas vascos para la ‘lehendakaritza’.

Pese a ello, el ‘tripartit’ vasco-catalán tiene una potente fisura en la posición en que deja al PNV. La formación de Íñigo Urkullu, entre otras cosas, sirvió en 2018 para poner y quitar el gobierno de Mariano Rajoy. Aunque los ‘jeltzales’ no pueden ir de ninguna forma con la derecha por la presencia de Vox en la ecuación, las consecuencias de un eventual enfado de los peneuvistas todavía son de alcance impredecible en la política española. Muestra de esa tensión es cómo desde el PNV corrieron a apoyar las cuentas, al día siguiente de que Bildu anunciara su sí a bajo precio. 

Sánchez necesita ahora ir más allá de los ‘tripartits’ encubiertos 

A la postre, Sánchez logra estabilidad institucional por ahora a costa de la entente cruzada con los socios de izquierda plurinacionales. Aunque esa paz parecía improbable hace unos meses, es lo que permitirá al presidente alargar la legislatura hasta que las encuestas le aplaudan, o el período político termine. 

Sin embargo, la ya de por sí compleja estabilidad de la moqueta no se traducirá de momento en paz callejera. Porque lo que Sánchez necesita ahora va más allá de los ‘tripartits’ encubiertos. Esto es, la pujanza de la economía: el fin de la inflación, el fin del encarecimiento energético, o de los cuellos de botella. Y sobre todo, que lo noten las familias y las pymes, incluso más que sus socios de gobierno.