La agenda política de Pedro Sánchez pecaba hasta ahora de proyectar más impresión de márquetin desde la Presidencia que de nueces en los ministerios, por la hecatombe que el covid supuso en la agenda del Gobierno. Pero el tiempo se acaba hasta las elecciones, y para resistir en la Moncloa no será suficiente replicar el lema de que ‘viene la ultraderecha’, como en 2019, para sobrevivir hasta 2023. Pues el presidente tendrá que negociar el rompecabezas de reformas que exige la Unión Europea tras las elecciones madrileñas, cuando se irá normalizando el efecto de las buenas noticias, aunque inciertas, como las vacunas o la llegada de los fondos europeos.

Si bien, no hay más que observar la comparecencia de esta semana para entender que a Moncloa le interesa por ahora más anunciar el reparto de fondos UE, que entrar a visibilizar a fondo en la tarea de sus ministros Yolanda Díaz, José Luis Escrivá y Nadia Calviño, puestos desde hace meses a elaborar los planes de reformas que exige Bruselas. Las noticias buenas copan la atención desde la sede monclovita, y las complejas, se dejan algo inconcretas para el Congreso. A saber, vende más una lluvia de millones que tener al gabinete discutiendo con la oposición, y que ello replique en los medios, si aún se pueden estirar los tiempos de presentación del plan europeo.
 

Pasa que la única obra genuina del gobierno de PSOE primero, y luego la coalición de izquierdas, si hubiera que hacer un palmarés más allá del covid (ERTE, etc.), son la exhumación de Franco y la Ley de Eutanasia. Por lo demás, ayudas, medidas, pero nada de la intensa agenda ‘progresista’ que se pensó en un inicio. El Ejecutivo ha pecado del abuso de los reales decretos-leyes para cuestiones ordinarias ajenas a la pandemia. La mesa de diálogo catalana está en el limbo. Y en temas como la ley de libertades sexuales, o los alquileres, se sigue, o bien bajo el halo de la duda jurídica, o bajo la discusión entre PSOE- Unidas Podemos.
 

Sánchez podría tirar de nuevo del relato de la ‘ultraderecha’ a dos años vista, porque ni Ayuso ni Casado plantarán a Vox

Así pues, el primer riesgo para Sánchez es que, si no pisa el acelerador en los dos años que quedan, se lo jugará todo a que las inversiones se hagan en año electoral y todos vacunados –o a convocar elecciones cuando los fondos lleguen. Los fondos UE siguen de momento pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional alemán. Aunque también naif creer que unas elecciones se ganan solo por la cantidad de leyes y reformas que ha hecho un gobierno. La candidata Isabel Díaz Ayuso, que no ha aprobado ni un presupuesto en su gobierno, es un ejemplo. Ahora bien, cómo puede estar la salud de la Economía nacional a 2023 es aún imprevisible.
 Por otra parte, Sánchez podría tirar de nuevo del relato de la ‘ultraderecha’ a dos años vista, porque ni Ayuso ni Pablo Casado plantarán a Vox si le necesitan para gobernar. De hecho, es el mismo leitmotiv que a ratos también usa Gabilondo para el 4-M. Pero con un añadido, a diferencia de 2019: que si el PP arrasa en Madrid, y a los populares les da por convocar elecciones en Andalucía, el gobierno encontrará ahora una derecha fuerte en las autonomías, con posibilidades de llegar a la Moncloa –como expliqué aquí­. Que gobierne la ultraderecha en Madrid claramente puede movilizar al electorado progresista. Pero la precariedad social también puede desincentivar al electorado de izquierdas.

A ello se le suma que Yolanda Díaz no se queda en el Ejecutivo para vender algunos gestos o relatos, como parecía más propio del funcionamiento de Pablo Iglesias para darle la batalla al ala socialista del gobierno. Díaz no es más suave, sino que tiene un estilo más de puño de hierro en guante de seda. El grado de conflicto que ella puede plantear al PSOE no pivota tanto sobre proyectar la polémica hacia fuera, hacia los medios, sino hacia dentro, a centralizarlo en el gabinete.

Con todo, Moncloa tendrá que arremangarse pronto según las exigencias de la UE y es ahí donde puede empezar el jaleo. Las pensiones de Escrivá, la reforma del mercado de trabajo de Díaz, o la nueva fiscalidad de Nadia Calviño y María Jesús Montero (subidas de impuestos). El Ejecutivo no tiene mayoría absoluta, y el Congreso se ha convertido en un bazar donde no solo se discuten estos temas complejos, sino que los partidos van allí a pedir cosas que nada tienen que ver con las políticas públicas (casito político, mesas de diálogo…). Pero ese es el principal reto de Sánchez, si no quiere que esta legislatura parezca baldía: pisar el acelerador y tener algo más que ofrecer electoralmente que promesas o inciertas buenas noticias.