José Varela Ortega-EL IMPARCIAL
Érase una vez que se eran dos argentinos compañeros de colegio. Andando los años, uno de ellos, descendiente de tanos, como dicen en el Plata, emigró a España, donde permaneció años trabajando con éxito y cotizando con puntualidad y honradez, pero, como no tenía la nacionalidad española, nunca ha podido votar; mientras que, por el contrario, su condiscípulo, descendiente de españoles, porque su bisabuelo emigró a la argentina en 1930 (sic), “huyendo de la represión franquista” (alegó con éxito en el Consulado de España), obtuvo la nacionalidad española, y, aunque nunca regresó a -ni trabajó, ni pagó impuestos, en- España, con el Pasaporte, adquirió automáticamente el derecho al sufragio pasivo. Este es el resultado de la Ley de Nietos (en la versión corregida y exponencialmente aumentada por la Instrucción administrativa de la hermana del Sr. Puente): una consecuencia ésta verosímil, pero, ¿es acaso un resultado razonable? La pregunta es retórica, porque casi todos pensaremos que se trata de un despropósito: la democracia vuelta del revés. En suma, un disparate que incrementará artificial y fraudulentamente el censo en un millón largo de electores, si el Supremo no lo remedia.
Con independencia de que sea “nulo de pleno derecho extender el ámbito personal de aplicación de una ley mediante una Instrucción administrativa, [porque] lo que se establece por ley no puede ser modificado por normas inferiores” (Teresa Freixes dixit), aprovechando la Ley de Nietos (pensada para los descendientes de -y emigrados por- la represión franquista), el laboratorio de fraudes sanchista, ha intentado adobar (que decía Romero Robledo hace siglo y medio largo) el censo electoral con los descendientes de emigrados por razones económicas, que son la inmensa mayoría. Pero, con independencia también de la voluntad de pucherazo que denuncia la trampa, trapacerías de esa especie plantean, sin embargo, el tema relevante de establecer una identidad entre nacionalidad y voto.
El problema de los nacionales residentes en el extranjero no es exclusivo de España. Como es bien sabido, Europa ha sido durante siglos un continente de emigrantes. En un artículo reciente y excelente, Teresa Freixes nos ha ofrecido algunos ejemplos ilustrativos de la legislación comparada de varios países europeos, en relación a este asunto. Y en ningún caso se determina una identidad automática entre nacionalidad y voto, de suerte que el ius sanguis no conlleva automáticamente un derecho al sufragio activo. En términos generales, se establecen ciertas cautelas, requisitos de naturaleza varia, alguna relación directa, por algún tiempo, entre el emigrante, solicitante de la nacionalidad, y el país originario de sus ancestros. En algún caso relevante, como es el de Italia, los residentes en el extranjero con derecho a sufragio cuentan con una reserva especial de escaños (8), en la Cámara que, sin duda, evitaría el gerrymandering al hispánico modo, manipulación según la cual se han asignado electores a municipios que no existían en el lapso temporal que contempla la Ley y la Instrucción de la Sra. Puente (1936-1955), como es el caso de Tres Cantos, en Madrid. En suma, lo contrario de lo que recomienda la Comisión de Venecia: que los procedimientos para el reparto de votos expatriados sean “claros, predeterminados, transparentes y controlables”. De esta suerte, la Comisión de Venecia constata que “el derecho al voto no es absoluto y puede estar sometido a condiciones de ejercicio”.
Ello no obstante, el hecho de que el principio del sufragio universal haya sido aceptado de forma masiva por la inmensa mayoría de todos nosotros ha hecho desaparecer del debate un tema que se me antoja fundamental al hablar del derecho al sufragio: la fiscalidad. Asunto éste que estaba muy presente, cuando se debatió este tema hace poco más de cien años. La galopante y creciente rapacidad confiscatoria de los gobiernos occidentales desde la Gran Guerra nos ha escamoteado uno de los pilares originales y básicos en la creación y desarrollo milenario de nuestras corporaciones representativas (Parlamentos, Estados Generales o Cortes): con independencia del modo de elección de nuestros representantes, las dos tareas fundamentales de los mismos era y es (el reclutamiento) y la fiscalización de nuestros dineros. Entiéndase bien este término en su doble sentido original: quise decir fiscalizar y controlar, que no espolear el gasto, engordando la deuda y generando déficits, que no son más que impuestos que se proyectan y endosan alegremente a generaciones futuras incapaces de debatirlos y votarlos.
Voto y fiscalidad, que no nacionalidad, era todavía el centro del debate hasta hace poco más de cien años: solo debían votar -decían los partidarios de un sufragio restringido (al impuesto)- quienes sufragaban. El contraargumento lo inventaron los españoles en un giro retórico y dramático, pero imaginativo y de resonancia clásica; a saber, los proletarios no pagaban en dinero, pero contribuían con un “impuesto de sangre”. Primero, en las guerras de África (de españoles, italianos y franceses); enseguida, y en proporciones catastróficas, desde 1914, en la Gran Guerra. No obstante, este [primer] “suicidio de los bárbaros”, (como lo llamaría horrorizado José de Ingenieros, el pensador rioplatense, desde la atalaya de una Argentina, entones todavía próspera y pacífica), fue mayormente una carnicería de infantes. Y la infantería era -según Vegetius, en el rastro de Aristóteles- la organización militar de la democracia; o sea, la milicia more romano, la levée en masse: un ejército de ciudadanos en que -dijeron los revolucionarios franceses- la cité fu l’Armée. En resumen (del siglo XX), los hombres en las trincheras y las mujeres en los teléfonos y en las fábricas. El sufragio universal aún se demoró (en España, hasta 1933), pero, desde entonces, no hubo debate. El caso es que se cumplió con la tradición clásica. De suerte que, como ya había observado Leonardo Bruni en el Renacimiento, los cambios en el reclutamiento del ejército tenían un impacto directo en la relación de poder: si se optaba por un sistema de milicias ciudadanas, dominaban los populares en la política. Y, en la Europa del siglo pasado, a trompicones -a veces, trágicos y sangrientos- se fue abriendo paso la democracia con partidos de masas y elecciones libres.
Ahora, cuando en muchos países europeos el servicio militar es voluntario, mientras que el impuesto es universal y obligatorio (todos lo abonamos, aunque sea el empresario quien ejerza disimuladamente de recaudador forzoso), deberíamos rescatar el elemento central de fiscalización que debe tener la elección de nuestros representantes. Aprovechemos el debate sobre el voto CERA para disociar nacionalidad y sufragio, porque de ésta no se sigue necesariamente aquél. Votamos para controlar, fiscalizar y presupuestar nuestro dinero y organizar nuestro trabajo (el doméstico, incluido). Qué no nos pase otra vez el esperpento democrático en que otro aprendiz de autócrata vuelva a intentar prorrogar un presupuesto de unas Cortes que ya no existen. Démosle, pues, la vuelta, en el sentido más genérico posible (un periodo mínimo de residencia incluido), a la famosa proclama de los primeros demócratas americanos: no representation without taxation.