El Correo-JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA
Con el nuevo estatus, Euskadi no estaría sometido al régimen construido a partir de la Constitución. Sería un sujeto político excepcional que se relacionaría de igual a igual con el Estado
Así de gráficamente podrían describirse los tan diversos empeños de los nacionalismos hegemónicos catalán y vasco en los últimos años y ahora mismo. Unos se han embarcado en un proceso para sacar a su país del Estado y llegar al estatus de independencia. Aunque han fracasado de momento, la debilidad de la izquierda española les abre una ventana de oportunidad para consolidar el camino iniciado. En ello están. En cambio, el nacionalismo vasco está en otra cosa: en sacar a su país no del Estado, sino de la Constitución, y ello mediante un nuevo estatus político que sustituya al Estatuto de 1979 y que sitúe al País Vasco en una relación de relativa confederalidad con respecto a España. Salirse del Estado o salirse de la Constitución. No es lo mismo.
El PNV no renuncia a hacer figurar su utopía máxima en algún lugar del nuevo estatus, aunque sea disfrazada de derecho a decidir; y, desde luego, si en la negociación catalana se avanzase significativamente en el hallazgo del Rolex, el nacionalismo vasco lo incorporaría a su haber, faltaría más. Pero los tiros del nuevo estatus no van por ahí. Lo esencial de su contenido consiste en una «relectura maravillosa» de la cláusula de los derechos históricos de la disposición adicional primera de la Constitución para conseguir colgar de esa escueta y borrosa percha nada menos que una excepción global a la misma Carta Magna; por lo menos, a la parte de ella que regula el régimen autonómico. Según esta relectura, Euskadi no estaría sujeto al régimen jurisdiccional autonómico construido a partir del título VIII de la Constitución, sino exceptuado de él. Su forma de estar en el Estado no sería la de una comunidad autónoma, sino la de un sujeto político excepcional, distinto y al margen de las demás comunidades, que se relacionaría con el Estado de igual a igual (uno de los llamados por Jellinek «fragmentos de Estado»).
Por eso precisamente el nuevo texto no quiere ser llamado «Estatuto», porque tal apelativo lo remitiría a las reglas constitucionales generales sobre las nacionalidades y regiones, sino «nuevo estatus» porque inaugura un régimen de nuevo cuño y fuera del autonómico. Aunque, claro está, queda sin resolver el problemilla de que formalmente hay que tramitarlo como una reforma del Estatuto, con lo que queda inicialmente sometido a aquello de lo que quería escapar. Una incongruencia del proyecto, como tantas otras trampas que contiene. Pero la política hoy es poco más que trampear con las palabras.
El nuevo estatus político del País Vasco posee una impronta marcadamente confederal; es decir, del tipo de relación que se produce entre dos sujetos territoriales que coexisten en el reconocimiento mutuo de su igualdad soberana: bilateralidad, solución pactada de diferencias, inexistencia de órganos superiores interpretativos como el Tribunal Constitucional, desaparición del concepto de «competencia» y sustitución por un poder normativo propio. Se inspira en una interpretación exorbitante del Concierto Económico para instaurar una especie de ‘Concierto Político’ en el que cualquier conflicto entre Madrid y Vitoria tendría que pasar por una comisión arbitral de composición paritaria.
Cierto, las confederaciones tienen mala fama como sistema político viable: las experiencias inicialmente confederales de Estados Unidos y Suiza fracasaron y acabaron en una integración federal. Fracasó la CEI postsoviética en la URSS. Pero ello no preocupa mucho al PNV. Por un lado, porque si el final de la experiencia es negativo ello no haría sino conducir al Estado a su ruina, pero no al País Vasco, al que ratificaría en su deseo de independencia. Y, por otro, quizás con cierta razón, porque no es lo mismo un Estado en el que todas sus partes se relacionen confederalmente que uno que posea un régimen autonómico de tipo federal para casi todas y uno confederal excepcional para sólo una de ellas. Es lo mismo que el Concierto Económico: generalizado a las diecisiete autonomías sería un desastre inmediato que haría quebrar al sistema para todos. Pero si sólo existe en una o dos comunidades de las diecisiete, y éstas no representan sino una parte pequeña de la economía nacional, es perfectamente posible. No es sino una aplicación práctica de la teoría del ‘free-rider’ (‘gorrón’) de las ciencias sociales. Y recuérdese que, según reiteradísima doctrina constitucional, sólo el País Vasco y Navarra gozan de «derechos históricos», ninguna comunidad más los posee por mucho que lo haya intentado reiteradamente. Nuestras setas no son repartibles.
El mayor problema del nuevo estatus es su viabilidad constitucional. Porque, paradójicamente, a pesar de ser una «ley para salir de la Constitución», debe aprobarla antes de ser promulgada el propio Tribunal Constitucional, dado que en 2017 se restableció el control previo de constitucionalidad para los proyectos de reforma de estatutos. Y Vox está ahí con más de 50 diputados para impugnarlo. Sería difícil que los magistrados pasasen por una laminación tan escandalosa de los propios preceptos constitucionales y por una interpretación tan maravillosa de los derechos históricos cuando, precisamente, el tribunal se ha hartado de dejar claro que sólo él es el intérprete de la Carta Magna y que ningún Parlamento puede sustituirle en ello, ni el español ni el vasco.
Es razonablemente probable que el bloque español de izquierdas conceda el pase parlamentario al nuevo estatus si se le desmocha el derecho a decidir y se le permite cocinarlo semánticamente como federalismo asimétrico. En ello confía el nacionalismo jeltzale, que nunca como hasta ahora se había atado tanto al socialismo estatal. Pero va a necesitar también que se derogue de nuevo el recurso previo de inconstitucionalidad y/o que se vayan supliendo las bajas del tribunal con personal favorable. Hay tiempo para ir viéndolo porque la cosa no tiene prisa.