El presidente del Gobierno no quiere estos jueces y se ha puesto como objetivo prioritario acelerar “como sea” la renovación de todos los órganos y cambiar las mayorías, desde el TC al CGPJ, que le complican con sus sentencias y “elucubraciones” (Robles dixit) su plan cesarista para darle la vuelta a esta España heredera del 78. La gota que ha colmado el vaso ha sido la sentencia sobre el estado de alarma ‘ilegal’.

Con el Ejecutivo rendido a su persona –que se lo pregunten a todos los que le hacían sombra o le traían problemas, de Redondo a Calvo pasando por Ábalos, que aún no se lo explican- y el Legislativo controlado gracias a los votos de independentistas, nacionalistas y los herederos de ETA, a su sanchidad le falta la tercera pata, la de las togas y las puñetas. Y no va a parar.

La campaña de acoso a los jueces lanzada desde el Ejecutivo a cuenta de la sentencia que declara inconstitucional el primer estado de Alarma –los magistrados en ningún momento dicen que no hubo que confinar a la población ante el desastre de la pandemia, solo critican que Sánchez lo hiciera con un paraguas legal que no era el adecuado y que, oh casualidad, lo que le permitía era eludir el control del Congreso- difícilmente tenga parangón en la historia reciente de nuestro país.

Atinadamente, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha sentenciado que “en Podemos y PSOE, cuando los tribunales dictan sentencias contra un gobierno de centro derecha piden la dimisión del Gobierno. Cuando lo hacen contra el suyo, piden la dimisión del tribunal”. Una hipérboles que bien define la posición de este Ejecutivo contra las “piedras” en el camino que para él suponen los jueces y sus sentencias.

En @PODEMOS y @PSOE cuando los tribunales dictan sentencias contra un gobierno de centro derecha piden la dimisión del gobierno,

Cuando lo hacen contra el suyo piden la dimisión del tribunal

— Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) July 16, 2021

La nueva ministra de Justicia –que sustituye a Juan Carlos Campo después de que éste cumpliera el encargo de Moncloa de despejar la «piedra» de los indultos y pasara a mejor vida en la Audiencia- protagonizó una insólita comparecencia sin preguntas para, desde su cargo, criticar el fallo –aún ni se conocían los argumentos de la sentencia- del TC. A Pilar Llop, juez y expresidenta del Senado, no le dolieron prendas en contradecir el fallo de los magistrados: “La actuación del Gobierno fue conforme a los parámetros constitucionales”.

Otra de las magistradas que se sientan en el Consejo, Margarita Robles, tampoco dudó en acusar a sus compañeros del TC de realizar “elucubraciones doctrinales” y defendió que el estado de alarma, por muy inconstitucional que lo declare el Tribunal, se decretó “con arreglo a la Constitución”. Una extraña manera de entender el respeto a la separación de poderes. Para rematarlo, Robles añadió que “muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social». Sobre todo, si no se adaptan a la realidad de Moncloa.

Jueces, togas y el polvo del camino…

Lo peor de las declaraciones de la ministra que goza de la fama de ser la representante del ‘sentido común’ en el Ejecutivo, fue su apelación a que los jueces del TC “deberían tener un sentido de Estado y saber cuál es la realidad”…

Su ‘recomendación’ recuerda tanto a lo que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y hoy eterno candidato del Gobierno a encabezar el Tribunal Constitucional, sentenció en 2006 en Vitoria durante un congreso de la asociación progresista Jueces para la Democracia en plena negociación de Zapatero con ETA: “Los jueces y fiscales de este país hemos vivido y vivimos la realidad social de cada momento; hemos actuado sobre ella y hemos contribuido a cambiarla. Hemos aguantado en pie y con la toga puesta cuarenta años de despiadado terrorismo etarra; y sin más munición que la Constitución y la Ley (…). Sin embargo, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Más claro, agua.

A la campaña de Pedro Sánchez y sus ministros contra los jueces se habían sumado antes Carmen Calvo con presiones a la presidenta del máximo órgano para que cambiara su posición, o el también ya difunto políticamente José Luis Ábalos cuando, en un alarde de fineza típica del de Cuenca, calificó de “piedras en el camino que debemos desempedrar” el empeño del Tribunal de Cuentas por hacer pagar la malversación de caudales públicos a los responsables del Procés.

Con todo ello, no es de extrañar que el PP se niegue en banda a renovar el CGPJ y el TC. Lo ha dicho en estas páginas el responsable de Justicia de los populares, Enrique López. “España tiene el peor Gobierno de la historia de la democracia, con el PSOE más radicalizado, aliado con la izquierda más rancia y radical del continente (…) Nada de esto ha variado con la reciente remodelación del Gobierno, en la que, por razones de partido, de lealtad y de futuribles electorales, se ha cambiado a numerosos ministros, sin que se modifique, ni un ápice, la actitud de Pedro Sánchez cuyo programa está siendo el de la degeneración constitucional y la crisis democrática, con epicentro en el ámbito de la Justicia”.

“El culmen del ataque institucional a un poder del Estado lo vemos estos días en relación al Tribunal de Cuentas (López escribió el artículo antes de que se supiera el fallo contra el estado de Alarma), que, como antes el CGPJ y el mismísimo Tribunal Supremo está sufriendo una campaña de acoso y derribo sin precedentes conocidos”.

A la campaña contra los jueces se habían sumado antes Carmen Calvo con presiones a la presidenta del TC o el también ya difunto políticamente José Luis Ábalos cuando, en un alarde de finezza típica del de Cuenca, calificó de “piedras en el camino que debemos desempedrar” al Tribunal de Cuentas

No habrá, pues, pacto para renovar los órganos judiciales. El PP lo tiene muy claro. Y aún queda la esperanza de que en Europa, al menos, se sigue muy de cerca todo el proceso de acoso y derribo a los jueces. De momento, el Parlamento Europeo –haciendo caso a una demanda de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial que agrupa a la mayoría de juristas españoles- ha reclamado a la Comisión Europea que “vigile si la reforma del poder judicial en España” que plantea el Gobierno es “acorde al derecho europeo y cumple los estándares comunitarios”.

Los jueces seguirán siendo sometidos a los embates de este Gobierno y de sus aliados –Echenique haciendo gala de su conocido ingenio tilda al TC de “Tribunal Voxtitucional”– y de su capacidad de resistencia depende en buena medida el futuro de este país. Y si falla el último dique, siempre nos quedará Bruselas.