José Antonio Zarzalejos- El Confidencial

El magistrado ha comunicado su decisión a los abogados que estaban citados a las nueve de la mañana de este lunes

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido este lunes dejar en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller de Interior, Joaquim Forn y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tras escuchar el pasado viernes sus argumentos para recuperar la libertad a unas horas del inicio de la campaña. El magistrado deja en libertad al resto de exconsejeros a los que impone una fianza de 100.000 euros. En un auto de 25 páginas, el magistrado apuntala el delito de rebelión contra el Govern y los presidentes de la asociaciones soberanistas.

Una vez que las depositen, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión. El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión. 

Al instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación no le han valido las palabras de Junqueras en una comparecencia voluntaria en la que, no obstante, se negó a responder a la Fiscalía. Se limitó a acatar el 155 con reticencias y duras criticas a la decisión del Ejecutivo central de aplicarlo. También se refirió a que, desde sus convicciones políticas continuará trabajando para alcanzar la independencia ya que la Constitución es «flexible».

En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los diez querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “»lesividad» que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que «sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella». En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el «asedio» por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.

«El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física».

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva «refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad». El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real». Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y apelación ante la Sala Segunda del TS.

La Fiscalía reclamó que los diez acusados que ingresaron en prisión hace un mes -unas semanas más en el caso de los ‘Jordis’- continúen en la cárcel ya que persiste tanto el riesgo de fuga como de reiteración delictiva. También argumentan los fiscales que se mantiene la posibilidad de destrucción de pruebas como demostró el episodio de octubre en el que miembros de los Mossos d’ Esquada intentaron eliminar en una incineradora documentos «que pudieran ser comprometedores para los acusados».