Arcadi Espada-El Mundo
UNA VICTORIA del separatismo, dios no lo quiera, sería interpretada por separatistas y asociados en términos similares, aunque agravados, a los que enfrentaron en el pasado la votación sobre el referéndum del Estatuto de 2006 y la decisión del Tribunal Constitucional de suspender algunos de sus artículos. Una suspensión, by the way, que fue hasta tal punto decisiva para la herida fundacional de Cataluña y su insurrección posterior que sería difícil juntar una docena de catalunyenses capaces de concretar en qué artículos y competencias concretas Cataluña fue de nuevo humillada. Igual que entonces se dijo que el Constitucional no había respetado la voluntad del pueblo (expresada, by the way two, en menos de la mitad de los votantes), como si fuera una fracción del pueblo y no la ley lo que el Constitucional tiene obligación de respetar, hoy se dice que una victoria independentista supondría la obligatoria derogación del artículo 155 que, desde Salses a Estremera, tanta paz ha traído a las tierras catalanas. Y hay quien dice, incluso, que esa victoria supondría la evidencia del profundo error en que incurrió Rajoy aplicando un 155 electoral y limitado, y que ya veremos el grave reto que ha de encarar el presidente si ese resultado se produce.
No.
No puede ser tan frágil la memoria. Hace unas semanas, ¡unas semanas!, el presidente Rajoy disolvió un parlamento que tenía 72 escaños ocupados por diputados partidarios de la insurrección. Lo disolvió, sí. Y la Justicia envió a la cárcel al gobierno de la Generalidad en pleno. A la cárcel, exactamente. Y todo eso pasó porque, afortunadamente, la ley democrática es una emanación de la voluntad popular y no de una fracción interesada de la misma. Otra de las concesiones lingüísticas y conceptuales que se han hecho a los separatistas ha sido admitir, con demasiada ligereza, que una cosa es la voluntad popular y otra la ley. Naturalmente que son dos cosas tan distintas como la electricidad y la luz, pero la decisión del Constitucional sobre el Estatuto y la suspensión de la autonomía decretada por el Gobierno son expresiones de la ley de la voluntad popular. Como son asaltos a la ley, pero también a la voluntad popular, la actividad insurreccional del gobierno felizmente destituido.
Hoy los ciudadanos catalanes ejercen, gracias a la ley española, su derecho al voto. Y también, faltaría más, su derecho al voto nulo, que puede que algunos cientos de miles concreten introduciendo papeletas por la Independencia o República en la urna. Es decir, ocurrencias que anularán el voto y cuyo efecto sobre la realidad será, como indica la ley electoral, no válido.