El ‘cierre’ del Estatuto, al no hacerse según las normas por él establecidas, pone en entredicho las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. Por eso, al tiempo que aparentemente refuerza el valor político del Estatuto, lo debilita, porque daña a la institucionalización de la sociedad vasca como sujeto político.
Varios factores han conducido a que la comprensión de la democracia se encuentre entre nosotros muy desfigurada. Ello ha inducido a más de uno a pensar que sería necesario escribir una especie de abecedario de la democracia. El propósito de estas líneas se queda en bastante menos. Sólo quiere analizar dos puntos de nuestra actualidad política, eso sí, de especial importancia.
El primer punto, el A, se refiere a las palabras pronunciadas por la directora de víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, en su comparecencia en el Congreso, y a su recepción por los medios. De sus palabras se han resaltado las referidas a que en la cuestión de las políticas antiterroristas y de las medidas a aplicar a los presos de ETA que rompan con la organización, son los políticos quienes están legitimados para actuar, independientemente de lo que piensen las asociaciones de víctimas, a las que se les otorga el papel de notarios de la deslegitimación de ETA en su momento final.
Se trata de un debate recurrente: ¿Cuál es el papel de las víctimas en la política antiterrorista? Es evidente que para algunos partidos ese papel, sea el que sea, siempre es molesto, mientras que otros piensan que la opinión de las víctimas siempre debe ser vinculante para todo actor institucional. ¿Cuál es la legitimidad de las víctimas, qué es lo que otorga peso especial a su opinión? No es, creo, sólo su sufrimiento no buscado, sino impuesto por ETA. Porque ese sufrimiento, en cuanto impuesto por ETA, apunta a su fuente: el asesinato, o intento de asesinato, llevado a cabo por ETA. Sin esas víctimas primarias, las asesinadas y las supervivientes de atentados de intención mortal, no habría víctimas familiares y no habría sufrimiento alguno.
La legitimidad de las víctimas familiares no está ni en su sufrimiento personal ni en lo que piensen individual o colectivamente, sino que se halla en la verdad objetiva de las víctimas asesinadas o supervivientes de atentados mortales. Y esa verdad está en la intención que motivó y causó cada uno de los asesinatos. Y en cada uno de los asesinatos, es la verdad objetiva de las víctimas primarias, queda condenado el proyecto político de ETA. La memoria, dignidad y justicia que reclaman las asociaciones de víctimas hace transparente esa condena y recuerda que el futuro de Euskadi, de España en su conjunto, no puede edificarse sobre los ejes estructurales del proyecto de ETA, que fueron los que legitimaron y motivaron en primer lugar los asesinatos.
Esto coloca un límite infranqueable a la posible actuación de los poderes públicos, actuación que en un Estado de Derecho siempre está sometida a los principios de derecho y a las leyes. Y el límite se puede formular como pregunta: ¿Es aceptable que quienes se desligan de ETA afirmen que de ahora en adelante lucharán por el mismo proyecto político que antes, pero solo por medios pacíficos, por vías exclusivamente políticas? ¿Es aceptable que el futuro de Euskadi, cualquier reforma del Estatuto de Gernika o lo que algunos quisieran en su sustitución se defina sobre los ejes del proyecto político de ETA que motivó casi mil asesinados? ¿No significaría esto volver a matar a los ya asesinados, volver a herir mortalmente a los supervivientes de atentados mortales?
Es necesario plantear estas preguntas precisamente en estos momentos, y es a partir de estas preguntas desde donde se puede discutir y definir el papel y la función de las asociaciones de víctimas en este proceso que es, al parecer, el final de ETA.
Segundo punto, el B. Parece que la debilidad parlamentaria extrema del presidente Zapatero va a parir el cierre del tan denostado, por algunos, Estatuto de Gernika. Ése cuya defunción se proclamó precisamente en Gernika allá por el año 1998, si no me falla la memoria, y en presencia del entonces secretario del EBB del PNV. ¿Cuál es el significado político de este cierre del Estatuto? El significado aparente es que se completa la transferencia de las competencias previstas para Euskadi. Por fin: se supera la incapacidad, o falta de voluntad, de los sucesivos gobiernos centrales, ‘del Estado’, como se dice enfáticamente, para cumplir una ley orgánica como es el Estatuto. Ese incumplimiento era la verdadera fuente de deslegitimación del Estatuto, y no otra cosa, se nos afirmaba permanentemente.
El Estatuto, por supuesto, son las competencias en él contenidas como propias de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Pero el Estatuto no sólo es eso. El Estatuto es la institucionalización política de la sociedad vasca. El Estatuto es la institucionalización de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado. El Estatuto es la elevación de la sociedad vasca a sujeto político siguiendo unas reglas, con unas instituciones, según unas normas, con una determinada legitimidad.
El cierre que se nos propone ahora se refiere exclusivamente a las competencias pendientes, y sin explicitar cuáles son y su valor. Pero no cierra, sino que pone en entredicho el régimen institucional definido por el Estatuto. No cierra, sino que cuestiona las relaciones establecidas por el Estatuto entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. Y por esa razón, al mismo tiempo que aparentemente refuerza el valor político del Estatuto, lo debilita, porque, al no ser un cierre establecido según las normas estatutarias, sino fuera de ellas, daña a la institucionalización estatutaria de la sociedad vasca como sujeto político.
Todas estas grietas, en mi opinión graves, del desarrollo estatutario en este supuesto cierre del mismo se pueden resumir en dos preguntas: ¿Significa ese cierre que el PNV legitima, por fin, el Estatuto de Gernika como la institucionalización que corresponde a una sociedad vasca plural y compleja con todas sus consecuencias -el Estatuto depende y se engarza en la Constitución española-? ¿Con las grietas de este cierre a las que se ha apuntado más arriba, no se daña el bien fundamental estatutario, el de ser compartido por una gran mayoría de la sociedad vasca, para seguir siendo, de la mano de Rodríguez Zapatero, el estatuto exclusivo del PNV?
Joseba Arregi, EL DIARIO VASCO, 20/10/2010