- Si no dimite, sabiéndose culpable, es porque se imponen dentro de A sus intereses bastardos sobre su obligación profesional principal: la defensa de la legalidad
En la asociación principal de los fiscales se avergüenzan de la conducta de su jefe, y así lo manifiestan. En realidad, todo lo que ha hecho ese propio de Sánchez —condición que nunca ha disimulado— es irregular desde el momento en que decidió mantenerse en el cargo estando investigado. Veremos si antes. No hay que ser jurista para comprender la inviabilidad ética y los obstáculos insalvables que se presentan cuando en un proceso penal el acusado ostenta la superioridad jerárquica sobre cualquiera que represente al Ministerio Fiscal. Para no engañarnos, acudamos a la lógica: ¿cabe pensar que cuanto García Ortiz ha estado haciendo, y cuanto hará a partir de ahora, absolutamente todo, ha prescindido y prescindirá del hecho de concentrarse en su persona las condiciones de investigado, por un lado, y de jefe de todos los fiscales de España, por otro? ¿Es siquiera imaginable que, en busca de sus propias y eventuales responsabilidades penales, esté nuestro personaje bifronte promoviendo la acción de la Justicia, defendiendo la legalidad y el interés público, velando por la independencia de los Tribunales y mirando de satisfacer el interés general? No.
Es del todo imposible, por eso debió dimitir tan pronto como pasó a ser investigado. Ser juez y parte es una estafa despótica, y aunque el fiscal no sea juez, tiene ascendiente sobre este y protagonismo en el proceso. La idea de que García Ortiz esté cumpliendo ahora mismo con su deber de proteger la independencia de los órganos del Poder Judicial es delirante. Acaso en este asunto, dadas las anomalías, el único independiente sea él mismo, pues sigue en su puesto sin que nadie lo doblegue y no deja de exprimir las posibilidades que se derivan de su cargo. Como, por ejemplo, nombrar al fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública. Como bien observa la asociación principal de los fiscales, su jefe «podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente» y «fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado». Pero estos argumentos solo empiezan a explicar la imposibilidad de hacer Justicia mientras García Ortiz sea Fiscal General del Estado. El meollo es lógico, pura racionalidad, y el Derecho es racional o no es Derecho. A saber:
El «investigado» y el «Fiscal General» son A, la misma persona. A no es igual a B ni a C. A es igual a A, una sola mente, un solo centro de decisión y de intereses. Salvo dudoso trastorno mental, A no puede ocultarle nada a A. Si A ha delinquido no puede ignorarlo, menos siendo fiscal. Si sabe tal cosa, su única salida legal, deontológica y democráticamente aceptable es la dimisión; si no dimite, sabiéndose culpable, es porque se imponen dentro de A sus intereses bastardos sobre su obligación profesional principal: la defensa de la legalidad.
Si A no ha cometido ningún delito, también lo sabe; en tal caso, siempre preferirá la intachable limpieza del proceso al desprestigio de conservar el control. Ergo…