El informe entregado por la UCO al juez del Tribunal Supremo que investiga a Santos Cerdán, y José Luis Ábalos, entre otros, aporta nuevos y trascendentales detalles sobre lo que algunos ya han bautizado como la trama del 2%.
El dosier, conocido este martes, revela que la llamada trama Cerdán, a través del amigo del ex número tres del PSOE y propietario de la constructora Servinabar 2000 SL, Antxon Alonso, negoció con un alto cargo de Acciona la adjudicación de obras públicas millonarias licitadas cuando Ábalos era ministro de Transportes, además de secretario de Organización del PSOE.
La Guardia Civil detalla el modus operandi de esta trama en la que Cerdán ejercía de enlace entre el Ministerio de Transportes y Acciona, a través de la empresa de la que adquirió el 45% de las participaciones, para los presuntos amaños de obra pública. Por esta labor de intermediación Acciona pagaba presuntamente un 2% en mordidas a Servinabar.
De hecho, el 75% de los ingresos de esta pequeña compañía provenían de acuerdos en Unión Temporal de Empresas con Acciona, junto a quien recibió adjudicaciones de más de 100 millones de euros del Gobierno de Navarra, como la obra de los túneles de Belate.
La vinculación entre Cerdán y la constructora beneficiaria de estas concesiones se remacha con el dato que descubre la Guardia Civil: Servinabar contrató a la mujer de Santos Cerdán en 2018 y pagó el ático en el que vivía mientras era secretario de Organización del PSOE.
El informe de la UCO sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar contribuye a desentrañar la principal línea de negocio de la dupla Cerdán-Alonso, que era además una de las mayores fuentes de ingresos de la trama y que revertía también económicamente en Ábalos y su asesor Koldo García.
Estos dos, además, se implicaron en otros negocios por su cuenta, como los contratos de mascarillas durante la pandemia, los presuntos amaños con constructoras como Levantina, o el cobro de comisiones y regalos vinculado a Víctor de Aldama.
Las conexiones reconstruidas por los investigadores de la Guardia Civil reflejan una década de prácticas corruptas por parte de los dos lugartenientes de Pedro Sánchez.
Pocas veces se ha recabado en una investigación de presunta corrupción un acervo probatorio tan abrumador que implique directamente a dos cargos que ocuparon las más altas responsabilidades políticas.
Por eso, es inaceptable que Sánchez crea haber satisfecho la obligación de rendir cuentas por este caso con una tímida petición de disculpas por haber confiado en Cerdán y Ábalos.
De ningún modo se ha extinguido la flagrante responsabilidad in eligendo, pero sobre todo in vigilando, que le corresponde sobre los dos secretarios de Organización nombrados sucesivamente por él, y que se habrían dedicado a amañar con impunidad contratos de infraestructuras a cambio de comisiones en el seno del principal Ministerio inversor a su cargo.
Por si fuera poco, la UCO ha documentado que Santos Cerdán usaba la sede de Ferraz para reunirse con su socio a despachar sobre las licitaciones de obra pública. Y si podían reunirse en el cuartel general del PSOE, es porque Cerdán gozaba de la plena confianza de su superior.
Es más, Sánchez dio muestras permanentes de su confianza tanto en Ábalos como en Cerdán, sin retirarle su apoyo hasta el mismo día de su entrada en prisión.
Las responsabilidades de Sánchez, bien sea por ocultación o por negligencia, son innegables. Por eso, resulta inaudito que aspire a mantenerse en el poder hasta los trece años mientras sus entonces más estrechos colaboradores están siendo investigados por corrupción. Y eso sin hablar de todos los demás casos judiciales que le afectan, como el de su mujer o el de su hermano.
Salvo sorpresa mayúscula, Ábalos y Cerdán caminan a paso firme hacia el banquillo y, en último término, a la cárcel. Si esto es así, ¿tendrá todavía Sánchez la desfachatez de presentarse nuevamente como candidato a unas elecciones generales?