El paso de las horas ha hecho aún más evidente el despropósito que supone romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el pacto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estaba prácticamente cerrado.

Y por eso el sentimiento dominante ayer en un Poder Judicial que ya no puede hacer más que ser testigo del caos generado por el PP y el PSOE era el de desolación.

Salvo giro de 180 grados, la renovación del CGPJ ha quedado definitivamente sentenciada hasta, por lo menos, 2024.

Pero la situación es más grave que la de un nuevo retraso de un año en dicha renovación. Porque en caso de ganar el PP las elecciones, ¿qué incentivo tendrá el PSOE para negociar con el partido que ha bloqueado el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ durante los cuatro años de su legislatura?

Aunque, con ser escasos esos incentivos, todavía serán menos los que tenga el PSOE para negociar con los populares una reforma de la ley del Poder Judicial, si es que es eso lo que pretende Feijóo. Y eso a pesar del apoyo de Bruselas a la reforma de dicha ley. A fin de cuentas, la responsabilidad mayor siempre recae en quien ocupa la presidencia.

Que todos los puentes han volado por los aires lo confirmó Feijóo ayer viernes cuando ligó la posibilidad de futuros «pactos de Estado» con el PSOE a la salida de la política de Pedro Sánchez. Un órdago de enorme calado que rompe con la imagen de político alejado de estridencias que Feijóo se había labrado durante estos meses al frente del PP.

Feijóo tiene, además, difícil asidero en la excusa de la reforma del delito de sedición. En primer lugar, porque la propia Cuca Gamarra había desligado, con buen criterio, dicha reforma de la negociación del CGPJ. Es de suponer que con el visto bueno del presidente popular.

En segundo lugar, porque la noticia no podía pillar de sorpresa al PP dado que el PSOE llevaba anunciando su disposición a «armonizar» a la baja el delito de sedición con otros códigos penales europeos desde hacía meses.

Y, en tercer lugar, porque Feijóo tenía a su alcance una opción mucho más razonable que la que finalmente ha escogido. Renovar el CGPJ y luego aprovechar la reforma del delito para fustigar políticamente por ello al PSOE, prometiendo revertir la rebaja en cuanto gane las elecciones generales y sea presidente del Gobierno. Con el añadido de la reforma de la ley del Poder Judicial, si es que consigue una mayoría suficiente para ello.

Cerrar la puerta no ya a la reforma del CGPJ, sino a cualquier tipo de pacto de Estado con el partido que ha ganado las elecciones generales no hace más que abocar a España y a los españoles a una crisis institucional y un desgaste político y social del que se aprovecharán aquellos cuyo único objetivo político es desacreditar la democracia española y poner en duda la legitimidad de sus instituciones.

Porque, asumiendo la tesis principal del PP, la de que Sánchez haya intentado engañarles con la reforma de la sedición, ¿qué partido queda hoy en el escenario político español que no haya caído en el frentismo? ¿En el numantismo más irredento?

¿Y no es eso acaso lo que más desean aquellos populistas y nacionalistas cuya influencia en el Gobierno el PP aspira a reducir a su mínima expresión?

¿Y no es precisamente eso, obviar los desaires de la batalla política cotidiana para alcanzar un bien mayor, lo que se espera de un hombre de Estado y de un candidato a la presidencia del Gobierno como Alberto Núñez Feijóo?

Aún sabiendo que las posibilidades son mínimas, este diario no puede más que conminar una vez más a PP y PSOE a obviar por una vez las miserias de la batalla política del día a día y a acatar sus obligaciones constitucionales.

Por muy importantes que hayan sido PP y PSOE en la España de las últimas décadas, no están por encima de la preservación de las instituciones y mucho menos del Estado de derecho. Los españoles no son sus rehenes.