El Gobierno ha entrado en Indra con la sutileza y el cuidado con el que entran los elefantes en las cacharrerías. Una cosa es que la empresa sea estratégica. Por cierto, nadie ha definido con precisión cuándo una empresa que cotiza en Bolsa se convierte en estratégica. Por ejemplo, ¿lo es Grifols, lo es Iberdrola, quizás Repsol? Y tampoco hay una doctrina clara acerca de cuál debe de ser su actitud cuando se encuentra con una de ellas en su camino. Pero esto es algo diferente. Es una asalto a la gobernanza de una empresa que, no lo olvidemos, cotiza en un mercado organizado con sus reglas bien claras. Las motivaciones las suponemos, porque nadie se ha tomado la molestia de explicitarlas con claridad; y las actuaciones las vemos con una mezcla de asombro y espanto. Es un asalto mercantil con el pisoteo de las normas más elementales que vigilan la buena gobernanza y que las instituciones que se ocupan de estas cosas han tenido tanto cuidado en regular.
La CNMV se encuentra frente a una encrucijada en la que se juega su reputación. ¿Se puede echar al presidente de un consejo y sustituirlo por un afín con menores méritos mercantiles y mayores compromisos políticos? ¿Se puede echar, sin pestañear, a cuatro consejeros independientes, dejar sin efecto la renovación de un quinto y provocar la dimisión de un sexto, no por un mal desempeño, sino por ejercer su independencia de criterio? ¿Se puede ignorar y desoír lo que dice el artículo 5º,1 b) del Real Decreto 1066/2007 sobre el cómputo de los derechos de voto y el concierto entre accionistas para obtener el control de una compañía? ¿Forman Prisa e Indra un grupo mercantil coherente? ¿Les eximirá la CNMV al Gobierno y a sus extraños ‘apoyos’ de la obligación de lanzar una OPA, como exigía ayer el Instituto de Consejeros y Administradores en un comunicado excepcional? Si lo hace, o lo explica pronto y bien o no podrá exigirlo después a nadie. Más que un escándalo, sería la constatación de otra institución que cae bajo las insaciables garras de Moncloa.
Para el País Vasco la cuestión tiene un interés particular añadido, pues afecta al futuro de ITP, en el que intervienen otros actores, además de Indra. Dado su carácter ‘estratégico’, el Gobierno debería haber decidido si permite la operación o la deniega. Y debería haberlo hecho ya, antes del final de mes, a lo largo del Consejo de Ministros celebrado ayer, último previsto antes de la fecha límite. El fondo de la operación es complejo y no muy claro, pero las formas son un abuso que no debería quedar impune.