La extraordinaria suma de 189 escaños, 13 por encima de la mayoría absoluta, conseguida por el Gobierno social-populista para aprobar sus Presupuestos, le faculta para sacar adelante cuantas leyes quiera. Pero no le permite modificar la Constitución, amparada por un trámite de reforma que exige mayoría de tres quintos en las Cámaras (210 diputados en el Congreso) para algunos artículos y mayoría de dos tercios (234) para otros, más un referéndum de ratificación entre todos los españoles.

No alcanzaría el Gobierno los tres quintos ni aunque lograra atraerse los siete escaños de independentistas catalanes y gallegos que por distintas razones se apearon de la mayoría presupuestaria. Le faltarían aún 14. Sin embargo, un pacto de PSOE (120), PP (88) y Ciudadanos (10), más otros cuatro de partidos regionalistas de centro derecha, superaría de sobra esa mayoría para la reforma y aseguraría la estabilidad de la democracia.

Muchas democracias han sufrido falsificaciones postelectorales para desembocar en sistemas despóticos como nunca habría imaginado una población que un día fue libre. El caso paradigmático y actual es el de Venezuela -¡hasta defendido por un ex jefe gubernamental español, el nebuloso Rodríguez Zapatero!-, pero sobran los ejemplos: Nicaragua, Perú, Hungría, Rusia, Polonia… No hace falta un golpe duro cuando resoluciones disfrazadas o furtivas pueden culminar la misma tarea.

España es hoy objetivo de un progresivo golpe blando de subversión de la democracia de 1978. Soy consciente de que alguien se escandalizará por esta afirmación, pero la primera norma para conocer la realidad es llamar a las cosas por su nombre. En un año, el Gobierno Sánchez/Iglesias ha tomado decisiones, y ha proyectado otras, que lesionan la letra y el sentido de la Constitución. Proviene la mayoría de ellas del sector populista, pero no es ajeno el sector sanchista por acción o por omisión -dejar hacer- al daño político que causan, aunque se hable mucho de discrepancias en el seno del Gobierno que nunca acaban de cuajar.

El salto de una ministra socialista, activa mitinera, al cargo de fiscal general del Estado es una grave sumisión de la Justicia a la acción política, abre una vía de amplio y sórdido caudal para la cancelación de la independencia judicial. La modificación del trámite de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, denunciada por Europa y suspendida pero no descartada, sería un golpe parcial, este sí contundente y destructivo, a la base democrática que es la división de poderes. Postergada de momento, el Gobierno intenta limitar la capacidad de nombramientos del Consejo, bajo el evidente propósito de maniatar a los consejeros si no puede poner a los suyos.

Similar objetivo tiene la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados a prisión los golpistas catalanes, con un efecto retroactivo que anule la pasada acción de la Justicia y allane el camino para un indulto de los delincuentes convertidos en socios del Gobierno.

La libertad de expresión y el derecho a la información, cardinales figuras democráticas protegidas por la Constitución, han entrado en arriesgada cuarentena por tres acciones más presentes en el día a día que el sustancial deber de resolver los problemas de la gente: la apabullante habilidad propagandística, principal objetivo gubernamental, que invade el espacio informativo y en gran parte lo borra; el constante recurso a la mentira y la anulación de la transparencia, que están haciendo del deber de veracidad de los gobernantes, y del paralelo derecho a la verdad de los gobernados, sendas entelequias; la creación de un aparato de supuesta persecución de la desinformación sin controles ni fiscalización, camino de ser un sucedáneo de la censura.

Si a ello se añade el extenso control político de medios, que convierte en excepciones a los que pueden presumir de independencia con respecto al Gobierno, se tendrá una idea de la escasa calidad de los mensajes informativos que llegan a una mayoría sustancial de la sociedad.

A esa sociedad, mientras tanto, se la niega el derecho a estar presente en la escena política a través de determinados partidos. Hace unos meses proclamó ufano Pablo Iglesias en el Congreso que el PP nunca volvería a gobernar y determinó que Vox es un partido inconstitucional y antidemocrático. En el Gobierno debieron de alarmar esas palabras y poco después el vicepresidente leninista moderó el mensaje para sentenciar que será “la derecha” la que no alcanzará el poder, precisión meramente gramatical que no niega el propósito de marginar a la oposición e impedir el turno en el poder, esencia democrática. No es un simple antojo de la extrema izquierda, no ha negado su voluntad de hacerlo realidad, mientras Sánchez calla ante tal ardor antidemocrático y da la espalda a los tildados réprobos.

Asusta imaginar una sociedad dominada por un Gobierno sin oposición, en parte sometida al subsidio gubernamental (sueño de Iglesias que de momento frena el ministro José Luis Escrivá) e iletrada por efecto de esa malhadada ley Celaá de Educación, que pretende aprobar a estudiantes sin estudios.

Si se aplican esas disposiciones, la sociedad española no solo será en gran parte ignorante sino también una colectividad carente de recursos materiales ni culturales que ignorará hasta su propio idioma y sometida a un poder absolutista. Es el ideal de los dictadores: un pueblo gregario que no protesta, recibe sin esfuerzo y agradece.

Para culminar esa quimera, ese engaño despótico, lo primero que necesita el conspirador es el más alto instrumento político, de ahí la campaña denigratoria contra la Corona, soporte de la democracia, que se quiere suplantar por una república leninista, con Pablo Iglesias de máxima estrella.

Es posible que los lectores de estas líneas aprecien repeticiones en la alerta sobre la ejecución de un golpe blando contra la Constitución. Están en lo cierto, pero es necesaria la insistencia porque el futuro de España está en grave riesgo tras 42 años de libertad y concordia. El olvido es un grave riesgo, la memoria es una salvaguardia.

Cada día me parecen más revelador el desliz del ministro Juan Carlos Campo cuando el 10 de junio afirmó en el Congreso que España se encontraba en “crisis constituyente”. Dijo luego que fue un error. Pero es imposible en este trance no evocar la recomendación del director de El Nacional de Venezuela, perseguido por la dictadura, cuando nos aconsejó a los españoles que desconfiáramos de las intenciones bolivarianas. “Nosotros no creíamos lo que iba a pasar… hasta que el desastre ya no tuvo remedio”, vino a advertirnos

*** Justino Sinova es periodista y profesor emérito extraordinario de la Universidad CEU San Pablo.