LUIS GARICANO – EL MUNDO – 02/09/16
· El coordinador de Economía de C’s aclara algunos aspectos del pacto firmado entre ambas formaciones para resaltar que la filosofía con la que se elaboró fue la de sustituir los recortes por reformas.
Un reciente artículo de EL MUNDO (Las Cuentas del Pacto Ciudadanos PP no cuadran) traslada la idea al lector de que las medidas de gasto del acuerdo PP-Ciudadanos para la investidura cuestan 57.000 millones de euros hasta 2020 –y no 29.000 como explicita el acuerdo– en base a la opinión de «expertos» que no se identifican. El artículo también confunde y mezcla partidas de ingresos y gastos y comete otros errores de bulto. Nos hubiera gustado que los autores nos consultaran para que les diéramos concreciones o aclaraciones sobre las medidas del acuerdo. Aquí hacemos las cuentas.
El artículo confunde lo existente en el acuerdo con lo deseable. Los expertos citados hablan de lo que, a su juicio, sería necesario gastar. A nosotros también nos gustaría poder triplicar la dotación en políticas activas para parados de larga duración o tener fondos para universalizar la educación de 0 a 3 años ya en 2017. Pero todo gobierno está sujeto a una restricción presupuestaria. El electoralismo fiscal de Montoro dejó un desfase de 10.000 millones en 2015, y los datos de 2016 dejan aún menos margen, y ello pese a que los objetivos fiscales se hayan relajado. Hemos tenido que ajustar las cifras para mantener dicha restricción, pero la restricción existe y no nos la podemos saltar, sobre todo a la vista de la maltrecha situación de nuestras finanzas públicas.
Por el lado de los ingresos, el artículo estipula que gran parte de los compromisos adquiridos se financiarán con la recuperación de la amnistía fiscal, que cifra en 7.000 millones en cuatro años, lo que es incorrecto e invalida por ello gran parte de las afirmaciones del artículo. El cuadro del anexo del acuerdo cifra en 7.000 millones en cuatro años la «Recuperación amnistía fiscal y mejora de lucha contra el fraude». Como máximo la recuperación por la regularización extraordinaria de 2012 tiene una cuantía más modesta, unos 2.800 millones, y desde luego no contraviene el principio constitucional de la irretroactividad, al menos si se abre el procedimiento antes de diciembre, en cuyo caso el plazo de prescripción se alargaría un año más.
Los 4.200 millones restantes proceden de la lucha antifraude, no de la amnistía. Esta cuantía, a su vez, no sale de la nada, sino de mejorar muy sustancialmente la dotación de la Agencia Tributaria (AEAT): 1.300 millones más durante la legislatura, nada menos. Así, frente al año en curso, el aumento presupuestario supera el 10% en 2017 y se acerca al 50% en 2020. De hecho, si acaso esta estimación es conservadora: asume 3,2 euros de ingresos adicionales por cada euro adicional invertido en la AEAT, cuando otros cálculos sugieren que el retorno directo supera los 9 euros.
Además de la dotación, el acuerdo incorpora medidas complementarias muy significativas en sus puntos 7 a 11: refuerza el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), devuelve a la AEAT el control de las Sicav, revisa la lista de paraísos fiscales, reconoce el derecho al pago con tarjeta en importes mayores a 10 euros y, finalmente, aprueba un nuevo estatuto de la AEAT para dotarla de más profesionalidad e independencia. Por tanto, detrás de los 7.000 millones en cuatro años hay mucho más que remendar la escandalosa amnistía del Gobierno del PP; existe todo un plan de refuerzo institucional sustentado en un incremento significativo de la dotación presupuestaria para la lucha antifraude.
Por el lado de los gastos, el artículo cifra en 57.000 millones el coste de las medidas, doblando los 29.000 del acuerdo. Para empezar, si uno suma las cifras diseminadas en el texto por los propios autores, la cuantía se reduce a 41.000 millones.
Y en todo caso, la mayor discrepancia se debe al Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA), dotado con 5.680 millones en la legislatura, cifra muy alejada a los 17.216 millones «necesarios» en opinión del experto consultado. Más allá de que esta cifra, a corto plazo, es por desgracia inasumible, y de que parece en todo caso muy elevada –supondrían un desembolso de casi 7.200 euros al año por niño, casi el 80% del salario mínimo–, el argumento es inconsecuente.
La pobreza o el riesgo de pobreza de un niño está muy ligado a la situación y renta de sus padres y al acceso y calidad de los servicios que percibe. Muchas de las políticas clave del acuerdo se han diseñado para incidir positivamente en la infancia más allá de las transferencias de renta del Plan INFANCIA. De manera directa están los planes de educación infantil 0-3 (Plan CONCILIA 3), de refuerzo educativo (Plan PREFE) y de gratuidad de los libros de texto, dotados con 3.710 millones en total; y de manera indirecta están otras medidas (complemento salarial, políticas activas, dependencia o permisos ampliados y equiparados de maternidad y paternidad), que inciden sobre las personas con una renta menor, más volátil y en una situación vulnerable con una inyección de 14.160 millones en los cuatro años.
Por último, en el ámbito de la educación, el artículo requiere otras dos aclaraciones. En primer lugar, menciona como claramente insuficientes los 350 millones anuales para el programa de libros de texto gratuitos. Y es verdad, pero conviene aclarar que se cuenta con que las CCAA completan el 50% del coste (algunas ya lo hacen). Este diseño es el más efectivo y razonable, ya que las autonomías se corresponsabilizan de la financiación de una de sus competencias. Y en segundo lugar, en contra de lo que el artículo menciona (por boca de un experto) no hay compromiso alguno con Bruselas para recortar en educación. Aparte de ser un dislate, no puede haberlo: la UE no dice, ni puede decir, dónde ampliar o recortar los recursos, por ser ésta una competencia exclusiva del Estado.
En la elaboración de nuestros programas y pactos, Ciudadanos se ha comprometido a sustituir reformas por recortes. España necesita muchos cambios, pero ninguno de ellos pasa por no cumplir nuestros compromisos presupuestarios.
Luis Garicano es coordinador de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos y Catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics.