Acento catalán

Los siete millones y medio de ciudadanos catalanes suponen el 16,1% de la población española y aportan en torno al 19% del PIB español. El dato bastaría para confirmar que se trata de una comunidad próspera en relación al conjunto de España. En una Cataluña conmocionada por la confesión de Jordi Pujol sobre sus cuentas opacas en paraísos fiscales, su sucesor Artur Mas eligió ayer el tema de la fortaleza económica catalana como eje de su balance político del curso que ahora finaliza. El otro asunto central de su comparecencia fue su compromiso con la consulta soberanista.

Pero lo primero, la firmeza de la economía, que resumió diciendo que la recuperación del conjunto de la economía española tiene “acento catalán”. Así lo demostraría su liderazgo en creación de empleo, mejora del sector turístico y de las exportaciones, y aumento de la inversión exterior. Todo ello sería consecuencia de que “en Cataluña, las cosas se hacen mejor” que en el resto de España.

Pero si las cosas van tan bien, ¿por qué cambiar cuando el argumento inicial para la ruptura fue económico? La prosperidad catalana, como la de las demás zonas industriales del continente, se despliega en relación al marco económico, social, y político en que se desenvuelve: el mercado español, parte a su vez del europeo, con su moneda, su Banco Central, etcétera. Una Cataluña independiente y fuera de la UE no tendría garantías de mantener la posición destacada que ha ocupado desde el último tercio del siglo XIX. Sobre todo, tendría dificultades para mantener el saldo favorable en sus relaciones comerciales con las demás comunidades españolas, que ha sido desde entonces su principal fuente de prosperidad.

Sobre el referéndum, Mas no tiene un plan B:se celebrará el 9 de noviembre. La voluntad de su Gobierno es que sea legal y pactado, para lo cual bastaría según dijo ayer con que el Estado no interfiera impugnando la ley catalana de consultas actualmente en tramitación. Sin embargo, lo que la hace ilegal no tiene que ver con esa norma, sino con el objeto de la consulta: las instituciones catalanas carecen de competencia para someter a votación la independencia de Cataluña. Mas dijo ayer que no se trata de una votación “para declarar la independencia”, pero el portavoz de su Gobierno ya advirtió en su día de que aunque formalmente sea un referéndum consultivo, si gana el sí, “eso tiene una legitimidad democrática que sitúa las cosas en un punto de no retorno”.

La contraposición entre el principio democrático interpretado de esa manera y el de legalidad solo puede conducir al conflicto. Las 23 propuestas presentadas por Mas a Rajoy la semana pasada sobre temas ajenos al referéndum, ¿permitirán enhebrar un diálogo que al menos aplace ese desenlace a la espera de un acuerdo más de fondo? La clave está en conformar un pacto que sea suficientemente satisfactorio para la mayoría de los catalanes sin dejar de ser aceptable para la mayoría de los demás españoles.