Al Ministerio de Transportes y a su titular Oscar Puente es menester reconocerles el acierto de haber encargado una auditoría sobre la compra de mascarillas durante el Covid. Es decir, sobre el ‘caso Koldo’, pues era el asistente de Ábalos quien se encargaba con vara alta de casar la demanda con las ofertas del empresario Víctor de Aldama y de dirigir la distribución del material a pie de pista en el aeropuerto de Barajas. La sorpresa del exministro, que ha venido a decir que eso no se le hace a un miembro del mismo partido, está fuera de lugar porque es justo así como se aborda la corrupción, sin diferenciar entre amigos y enemigos. Las irregularidades recogidas en la investigación justifican de sobra el cese de dos altos cargos y dejan además una inquietante desazón respecto a la conducta de ciertos funcionarios y la patente ausencia de control en los mecanismos de toma de decisión en la Administración del Estado. Cabe suponer que el informe será remitido de inmediato al fiscal para su inclusión en el sumario.

Sentada la oportunidad de la medida, conviene preguntarse por su intencionalidad en el contexto de la coyuntura política. No es éste un Gobierno que destaque por su transparencia, como prueban el obstruccionismo en la causa de Begoña Gómez y los cientos de peticiones de información sobre diversos temas que deja sin respuesta. (Entre ellos los viajes del presidente y su entorno y numerosas contrataciones efectuadas al amparo del estado de alerta). La idea de entregar la cabeza de Ábalos, que queda en una posición insostenible, parece el fondo de una estrategia de construcción de cortafuegos alrededor de la Presidencia. Pero va a ser difícil encapsular responsabilidades habida cuenta de la facilidad con que el antiguo número dos del PSOE, el hombre que registró y negoció la moción de censura de Sánchez, se movía en el ámbito del poder sin que nadie le estorbase. Y aún más complicado resultará echarlo a los leones sin que salpique la sangre.

En todo caso, el desmadre contractual de la pandemia se produjo en muchos más departamentos –también en autonomías y municipios de todo signo– sobre los que el Ejecutivo no ha abierto, que se sepa, ningún expediente interno. La opacidad sobre la adjudicación de fondos europeos y sobre los rescates de las compañías Plus Ultra y Globalia constituye un buen ejemplo. Y el Ministerio de Sanidad, al que le colaron varias partidas defectuosas, están aún bajo la lupa de la justicia, con imputaciones de directivos ante las que la actitud oficial –incluidas la de la Abogacía estatal y la Fiscalía– es bien distinta, bastante menos diligente y muy poco proactiva. Quizá la identidad de su entonces responsable explique esta escasa disposición colaboracionista: se trataba del flamante presidente catalán, Salvador Illa. La acepción de personas siempre es, por naturaleza, una cuestión selectiva.