Editorial en ABC, 5/7/2011
Donde con más eficacia se logran las adhesiones de los etarras al cese de la violencia es en la cárcel, no en las instituciones. Por eso es mejor el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Pamplona que el bienintencionado y peligroso comentario de Rojo.
LA mayoría no nacionalista del Ayuntamiento de Pamplona —formada por UPN, PSOE y PP— decidió ayer no incluir a los concejales de Bildu en algunas de las sociedades municipales de gestión. En otras, su entrada ha sido inevitable porque lo imponían sus estatutos. Allí donde la decisión quedaba en manos del pleno, la unidad democrática ha puesto límites a la presencia de Bildu. Los dirigentes de esta formación han criticado la decisión por antidemocrática y, como era previsible, han invocado su legalidad. Sin embargo, hacen bien los partidos de la mayoría en no secundar la ingenuidad del Tribunal Constitucional con Bildu y no darle más margen que el estrictamente legal. El acuerdo de foralistas, socialistas y populares es un ejemplo para otras instituciones en las que puede ser necesario un consenso democrático, como en la Diputación Foral de Álava, donde la mayoría formada por populares y socialistas puede dar el gobierno del territorio histórico al candidato del PP, dependiendo de la decisión que tomen los dos junteros de IU.
Es conveniente que Bildu compruebe que su legalidad formal no condona su vinculación objetiva con el entramado de Batasuna, es decir, con ETA, por mucho que se insista en las diferencias tácticas entre esa coalición y la organización terrorista. Se trata de diferencias basadas en el puro oportunismo y nada sinceras, cuyo objetivo es agravar la confusión de ciertos demócratas para seguir ganando terreno político para ETA. Confusión que consiguen claramente cuando autoridades del Estado tan destacadas como el presidente del Senado, Javier Rojo, afirma que a Bildu «no le viene mal una vuelta por las Cortes», en referencia a las encuestas que dan a esta coalición integrada en la estrategia de ETA, según Rubalcaba, representación en el Congreso. Aun dando a Rojo el beneficio de la duda y de la buena fe, su análisis es de una puerilidad asombrosa, como si la contemplación del salón de Plenos del Congreso fuera a provocar en Bildu una conversión milagrosa a las virtudes de la democracia. Durante las legislaturas en las que ETA estuvo presente en el Congreso a través de sus testaferros batasunos, ni uno solo de sus dirigentes apostató del terrorismo. Donde con más eficacia se logran las adhesiones de los etarras al cese de la violencia es en la cárcel, no en las instituciones. Por eso es mejor el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Pamplona que el bienintencionado y peligroso comentario de Rojo.
Editorial en ABC, 5/7/2011