José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Algunos vinculan el adjetivo de ‘monárquico’ a realidades políticas que quieren combatir, pero Felipe VI se está haciendo con las riendas de la institución e infundiendo confianza en ella
La crisis catalana quedó marcada –positivamente para el Estado de Derecho- por la intervención de Felipe VI el día 3 de octubre pasado. El Rey dio voz al país y dijo lo que la mayoría de los ciudadanos pensaban sobre lo que ocurría en Cataluña que consistía en una “inadmisible deslealtad” de las autoridades secesionistas catalanas que debían reconducir los “legítimos poderes del Estado”. El monarca recibió las críticas de los independentistas –cosa normal- y de los bien pensantes que han tomado la institución de la Corona como una ONG mediadora en diálogos institucionales. Hay autores tan sensatos como Jordi Amat –catalanista fronterizo con el nacionalismo- al que parece llamarle la atención que la monarquía se alinee con la unidad de España. Lo relata en el ‘panfleto’ titulado ‘La conjura de los irresponsables’.
Escribe Amat que “la monarquía ha quedado aparejada al mantenimiento de la unidad de España. En pocos minutos –en referencia a la intervención de don Felipe del 3 de octubre- la razón de Estado se instala en el comedor de casa y la gestualidad del monarca proclama que no habrá piedad para los rebeldes”. Al margen del tremendismo efectista de esa última expresión, llama poderosamente la atención que determinada clase intelectual pueda siquiera sospechar que el Jefe del Estado pueda situarse en una posición distinta a la defensa de la permanencia y la integridad territorial del Estado que es, precisamente, una de sus misiones constitucionales. Fernando Savater, por el contrario, ha elogiado en ‘Contra el separatismo’ que el jefe del Estado no pronunciase en ese discurso la palabra “diálogo”. Y el filósofo donostiarra tiene razón. Aquello no iba de tender puentes –todos volados por los secesionistas- sino de salvar al Estado.
Ayer, el profesor García Fernández –catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid- escribía en ‘El País’ un acertado artículo titulado ‘La Corona y la Constitución’ en el que afirma que “en 2017 no se hubiera entendido el silencio del monarca ante los hechos de Cataluña”, y sostiene que la intervención del Rey en octubre “estaba justificada y su contenido material, con el refrendo presunto del Gobierno, era lo propio de quien simboliza la unidad del Estado y tiene que guardar y hacer guardar la Constitución”. Pues bien: el mensaje de la noche del día 24 de diciembre –el cuarto del actual Jefe del Estado- fue una clara continuidad del anterior de octubre, si bien en un tono diferente como correspondía a dos circunstancias: la naturaleza tradicional del mensaje y la nueva situación en Cataluña.
El pasado mes de noviembre, el Círculo Cívico de Opinión, presidido por el catedrático José Luis García Delgado e integrado por hasta tres decenas de académicos de distintas disciplinas jurídicas y científicas –no doy nombres para no omitir ninguno porque todos ellos son importantes- aprobó y difundió en su web un documento imprescindible para valorar la monarquía parlamentaria en España. El texto se titula ‘España y las otras monarquías parlamentarias del siglo XXI’. Queda claro que la nuestra y otras siete (Bélgica, Dinamarca, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia) ofrecen “excelentes resultados en los diferentes índices internacionales de calidad institucional, social o económica”. Añade el estudio que “seis de las ocho monarquías parlamentarias (entre ellas España) figuran entre las diecinueve mejores democracias del mundo y solo se quedan rezagadas Japón (puesto 20) y Bélgica (puesto 35), todo ello según el ‘The Economist Intelligence Unit’. Otros índices que se manejan en el documento –insisto, accesible en www.circulocivicodeopinion.es- acreditan que la monarquía española está entre las que mejor garantizan los estándares democráticos.
El Rey y la institución de la que es titular, según el CCO, garantiza, por una parte, el apartidismo e imparcialidad en el juego político, y, por otra, la perspectiva de largo plazo y estabilidad. Estas son las razones últimas por las que el independentismo y el populismo quieren vincular el adjetivo de “monárquico” a realidades políticas a las que combaten. Serían el “bloque monárquico del 155”, “los partidos monárquicos” en referencia al PP, PSOE y Ciudadanos y referencias despectivas al “régimen borbónico”. Ocurrió ayer en la valoración del mensaje del Rey. Pablo Iglesias, después del batacazo catalán que le vuelve a inhabilitar como táctico, estratega y dirigente serio, tuiteó contra el mensaje del monarca en parecida línea –al menos convergente- con la de los independentistas. Populistas y separatistas saben que la Corona es un contrafuerte del sistema democrático, no sometido a vaivenes e inestabilidades, que recaba la mayoritaria adhesión de la sociedad española y que este Rey –muy concretamente Felipe VI- ha incrementado la reputación de la institución, su persona es respetada y sus gestos y palabras consideradas.
Pronto podrían conocerse sondeos que pondrán en valor que el esfuerzo de rigor en el ejercicio de la más alta magistratura del Estado por Felipe VI está siendo percibido por los ciudadanos. De ahí que independentistas –con la inevitable ayuda de la ambigüedad oportunista del PNV- y populistas ‘pablistas’ y similares hayan emprendido contra la monarquía una particular cruzada que tiene su epicentro en el fracasado ‘colauismo’ de Barcelona cuya alcaldesa se ha dedicado a una especie arrasamiento de los vestigios monárquicos de la ciudad. Están irritados, no solo por lo que es y representa la monarquía, sino, además, por el perfil del rey español, el más joven de Europa que supo conducirse constitucionalmente tanto el 3 de octubre como el 24 de diciembre, haciéndose así con las riendas de la institución e infundiendo confianza en ella.