A pesar de que el ahorro ralentice su velocidad de crucero, todo apunta a la continuidad del modelo consumista, que llevará a la demanda agregada o PIB a aumentar un 1,6% frente al 2,4% de 2023. Una vez recuperado el PIB precrisis es comprensible que los niveles de crecimiento se ralenticen. El resto de las componentes de la demanda seguirán la misma pauta descendiente, donde el sector exterior apenas aportará una décima al crecimiento económico, debido a la reducción en las compras de nuestros principales mercados, especialmente en la Unión Europea, que concentra el 64% de nuestras exportaciones. En cuanto a la inversión privada, se mantendrán niveles similares a los de 2023. Un nuevo viento de cola ha sorprendido a muchos: las retribuciones a los asalariados están aumentando, según la Comisión Europea, a un ritmo mayor del esperado, a un porcentaje acumulado del 6,2%. Eso significa recursos de compra.

En lo referido a la inflación, se espera una relativa moderación con un avance del 2,7% en 2024, y del 3,3% para la subyacente, acompañada de una incipiente estabilización o recorte de los tipos oficiales de interés a corto plazo. Buenas noticias para el sector empresarial español, en lo que toca al descenso en los precios del combustible, que no se produce tanto por el deterioro de la demanda como por los aumentos imprevistos en la oferta.

El retorno a las norma fiscales -las reglas ‘áureas’- de la Unión Europea está llamado a limitar la expansión del gasto público en 2024. Ello choca con la fragilidad negociadora del actual Gobierno, que obligará a contentar tanto a sus socios como a las bases sociales a cualquier precio. El decreto de medidas anticrisis, -el ‘escudo social’- aprobado el pasado miércoles, tendrá un coste próximo a los 4.700 millones de euros y obligará al Ejecutivo a recortar gasto por otro lado si quiere cumplir con Bruselas. Por su parte, la actualización de las pensiones en un 3,8% tendrá un impacto presupuestario de 8.280 millones de euros.

Costos aparte, perturba la prórroga un año más de la prohibición de los desahucios, precepto que enfila directamente la línea de flotación del sistema de libre mercado. Los vulnerables deben ser ayudados, pero no mediante el expolio de la propiedad privada. Bildu no da puntada sin hilo. De desconcertante hay que calificar, añadidamente, la extensión del impuesto a bancos y energéticas, sectores que se sienten indignados, y con razón, al convertirse en el pimpampum, una ‘diana fácil’ para el Gobierno, y así contentar a los más exaltados.

En cuanto al mercado laboral, se estima que 2024 concluirá con una tasa media de desempleo del 12,4%, similar a la de 2023. La desaceleración económica implicará posiblemente otra paralela en el empleo activo y en las altas en la Seguridad Social. Aunque su elevación está decidida, se prorroga el vigente Salario Mínimo Interprofesional (1.080 euros en 14 pagas) hasta la aprobación próxima del nuevo.

Aparcados los fríos números de la coyuntura, 2024 reaviva la presencia de viejos fantasmas. Todos ellos están sujetos a un canon común: que su abordaje precisa de unas energías que, ahora, el Ejecutivo central desvía hacia tareas de supervivencia política.

Abstrayendo -si es que se puede abstraer- de los recientes riesgos geopolíticos, que puedan afectar a nuestra economía, seguirán durmiendo el sueño de los justos los graves problemas estructurales que nos acorralan. Solo citarlos. El improbable despegue de nuestra famélica productividad; nuestras pensiones inviables y la quiebra latente de la Seguridad Social -el gasto en prestaciones contributivas superará los 200.000 millones este año, abonadas en parte con impuestos en lugar de cotizaciones-; nuestro paro estructural de dos dígitos; y nuestra deuda, que ya tiene un coste medio del 3,4 % anual para las nuevas emisiones, cuando el BCE ha anunciado que no recomprará a partir de 2025 ni un bono más de ningún país miembro y dejará vencer gradualmente hasta 2030 toda la deuda acumulada, que en el caso español supera los 300.000 millones.

No cabe ocultar que el desgaste producido por los equilibrios heroicos del gobierno de Sánchez para concertar mayorías, distraerán recursos imprescindibles para asegurar una aceptable bonanza económica en 2024.