ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
«El carácter de la concepción del proceso es político –dice Eguiguren a ETA–. Estamos de acuerdo»
LEÍDAS con detenimiento e infinito asco las actas de la negociación entablada por los enviados de Zapatero con los asesinos de ETA, entre julio de 2005 y mayo de 2007, queda demostrado que nos mintieron como bellacos, pagaron un alto precio político para que una banda ya derrotada policial y judicialmente anunciara públicamente su decisión de perdonarnos la vida y se humillaron hasta límites inconcebibles. Tanto que, según el relato pormenorizado de uno de los primeros encuentros, los propios representantes de la fundación Henri Dunant, «facilitadora» del proceso, vieron «equilibrado el terreno de juego. En su experiencia –dice el documento– no habían visto nunca nada así, pues siempre se ha dado un desequilibrio a favor del Gobierno».
Con el fin de ablandar la voluntad de los pistoleros, los embajadores de ZP se rebajaron hasta comprometer la derogación de la doctrina Parot y la paralización de las detenciones por parte de las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas, además de «aceptar de facto que Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale (entonces declaradas ilegales por el Supremo) puedan desarrollar una vida política». Como, muy a pesar del Ejecutivo, la policía judicial siguió haciendo su trabajo, en los meses siguientes se produjeron medio centenar de arrestos presentados ante la opinión pública como la prueba irrefutable de que todo lo que denunciábamos los pocos que lo denunciábamos era rotundamente falso. En paralelo, el emisario del Gobierno suplicaba el perdón de los terroristas, culpando de las capturas al entonces juez Marlaska, abducido años después por la cartera ministerial: «Marlaska nos superó –se justificaba–. No hay detención achacable al Gobierno». Y suma y sigue.
«Los accidentes se definirán en referencia a las garantías y se discutirán en la mesa», así se refieren las actas a los atentados terroristas y las detenciones, metidos en el mismo saco con idéntica consideración. «En caso de “accidente”, éste se resolverá en la mesa con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones». Lo cual explica que Zapatero utilizara esa palabra, «accidente», para referirse al coche bomba que dejó dos muertos en la T4 de Barajas, en diciembre de 2006, provocando la ira de los mediadores: «Después de la acción de Madrid, el mediador estuvo muy enfadado y enloquecido, pero GorBuru (Zapatero) al parecer le dijo que estuviera tranquilo y que tenía que seguir con las conversaciones, eso sí, reduciendo el riesgo al máximo». Es de suponer que, en su afán de contribuir a la seguridad de los terroristas, el propio Zapatero se encargó poco después de avisar al mediador de que la Policía francesa preparaba un golpe importante contra la banda. Y suma sigue.
Una vez salida a la luz pública, la versión oficial del «proceso» se presentó como la fórmula «paz por presos». En realidad, los presos se dieron por supuestos («si Iñaki (de Juana Chaos) sufre daños irreparables, nosotros pondremos un muerto», avisa con chulería el matón etarra) y el noventa por ciento de las conversaciones versaron sobre cuestiones políticas. En concreto, el derecho de autodeterminación, siempre referido a «cuatro territorios», incluida Navarra, ofertada como tributo a los terroristas a través de un órgano común con el País Vasco. «El carácter de la concepción del proceso es político –dice textualmente el socialista Eguiguren, identificado como GO–. Estamos de acuerdo. El problema no está ahí, sino en cómo se plasma eso en papel».
Y se plasmó en una gigantesca mentira. Una infamia perpetuada bajo el gobierno de Rajoy a costa de traicionar la memoria, dignidad y derecho a la justicia de las víctimas. Una ignominia que sigue su curso.