- Si se consumase lo que ha acordado Sánchez con el prófugo golpista Puigdemont, Cataluña se convertiría ya a todos los efectos en una nación independiente
El acuerdo rubricado en Bélgica por el PSOE y el prófugo golpista Puigdemont ha generado un profundo malestar en millones de españoles. Un enorme desasosiego, que he escuchado resumir con adjetivos tan gráficos como «vomitivo». Y en efecto, lo es para todo aquel que quiera a España y desee su continuidad.
El documento firmado por el Partido Socialista Obrero Español incluye párrafos inimaginables, repugnantes e incongruentes con el pasado inmediato de esa formación. Por ejemplo, hablando de las leyes inconstitucionales del Parlamento catalán para convocar consultas separatistas y romper con España, se concluye lo siguiente: «Lamentablemente, los Gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada». El 1984 de la pesadilla de Orwell hecho realidad: ahora lo blanco se llamará negro, porque así le conviene al Gran Hermano Sánchez.
Es decir, para el líder del PSOE, que en 2017 contribuyó a frenar la escalada ilegal aplicando el 155, resulta ahora que las leyes de desconexión con España del separatismo fueron «leales y legales». Una bofetada a todas las instituciones españolas, políticas y jurídicas, que trabajaron con denuedo para frenar el golpe. Un texto que deja desairado además al propio Felipe VI.
Pero el acuerdo entre Junts y el PSOE supone mucho más que una afrenta emotiva. El documento contiene tales cargas de profundidad que constituye un acto revolucionario, pues saltándose los conductos previstos se reescribe la Constitución para alumbrar de facto lo que sería un Estado Catalán. Eso –¡ni más ni menos!– es lo que ha otorgado Sánchez a Puigdemont a cambio de conservar el poder tras perder las elecciones.
¿Exagero cuando digo que lo firmado supone de hecho la carta de nacimiento de un nuevo Estado catalán? En absoluto. La rendición del PSOE en Bruselas otorga ya a Cataluña todas las características de un Estado independiente:
–Cataluña y España negociarán como si fuesen dos Estados, sentados en una mesa bilateral bajo la mirada de un mediador foráneo.
–Cataluña dispondrá de su propia representación internacional, como un Estado más.
–Cataluña gestionará el 100 % de sus impuestos, como un Estado.
–Cataluña competirá en los torneos deportivos oficiales e internacionales, como un Estado.
Todo esto se une a que ya dispone actualmente de muchas características que son propias de un Estado: cuenta con su propia Policía, con un modelo lingüístico que excluye la lengua oficial española –prohibida hasta en los rótulos–, con una televisión pública consagrada a forjar la identidad nacional y con competencias en todas las actividades que marcan el día a día de los ciudadanos.
Al Estado catalán solo le falta vestirse de largo con un referéndum que le dé carta de naturaleza jurídica. Y ese paso también está previsto en el infame acuerdo del presidente felón Pedro Sánchez. Lo recoge cuando se dice que Junts promoverá «un referéndum de autodeterminación» en el marco del artículo 92 de la Constitución Española. La trampa es evidente: la consulta separatista será perfectamente constitucional, pues ya se encarará de que así sea Conde-Pumpido, el títere de Sánchez en el tribunal, y su mayoría izquierdista al servicio del PSOE. Cuando en la presentación del acuerdo le preguntaron al negociador socialista Cerdán por el referéndum, se limitó a decir que «todo será dentro de la Constitución». Más claro agua: dentro de una Constitución… que al más puro estilo chavista van a destripar desde dentro Sánchez y Pumpido.
Un rejón de este calibre obliga a reaccionar a todos los españoles que quieren preservar la unidad nacional y hasta su propio bolsillo (porque nos van a sangrar uno a uno para hacer más rica a una manirrota Cataluña, y todo al dictado de un partido, Junts, que el 23 de julio obtuvo en la comunidad menos votos que el PP).
La agresión al Estado de derecho de Sánchez interpela a los jueces y fiscales, que habrán de defender la legalidad frente a este desafuero, y al propio jefe del Estado. Amén de que la Comisión Europea, si es consecuente con la carta de apercibimiento que envió el miércoles a los ministros de Justicia y Presidencia, tendrá que ayudar a frenar al PSOE para preservar la vigencia de la democracia en España.
Un día tristísimo, que evoca el frente populismo del 36 (no ha faltado en esta jornada hórrida ni un extraño intento de asesinar en un atentado a un significado político de derechas y antinacionalista).
Un país de enorme historia e importancia, una gran nación del primer mundo más avanzado, ve su legalidad destrozada por un oportunista sin escrúpulos que acaba de perder las elecciones.
El PSOE, que ha secundado en todo al aprendiz de autócrata, es hoy el cáncer de España.