La concurrencia entre una población habituada a las riadas y difícil de alarmarse por avisos meteorológicos y la dilación en la transmisión de alertas imperativas podría explicar en parte lo sucedido. Pero el despliegue iniciado ayer de 500 militares, con la ministra Margarita Robles ofreciendo la totalidad del contingente nacional, demostraría además que España no está preparada para lo peor. Tampoco para canalizar ordenadamente el empeño de miles de voluntarios, conminados a regresar a sus casas al dificultar su presencia las labores de los servicios públicos.

La Generalitat valenciana y el Gobierno central están obligados a actuar con la máxima celeridad y coordinación, destinando los medios materiales y humanos precisos para salir cuanto antes de un marasmo apocalíptico. Ello resulta imprescindible para retomar la actividad económica y laboral. Además, es crucial para que los habitantes de las localidades más dañadas puedan completar su duelo. Para que individual y colectivamente se imaginen viviendo durante muchos años donde la dana les arrebató a sus seres queridos, les sometió al terror, les dejó a la intemperie y sin nada. Será proceloso levantar acta de tanta pérdida material, concitar el compromiso de las compañías aseguradoras, atender a necesidades inmediatas de verdad. También responder al consenso general en la Comunidad Valenciana de que lleva años infrafinanciada con aportaciones extraordinarias que cuenten con el aval solidario de todas las demás autonomías. Pero los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a escuchar a los afectados, a procurar su sanación, y a que las niñas y niños del sur de Valencia se sientan amparados donde viven.