EL CORREO 17/04/15
· Covite les denuncia ante el Supremo por utilizar «expedientes fraudulentos» de la UPV para beneficiarse de la ejecución del fallo sobre la ‘Parot’
Desde la página 1 El Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite) ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a cinco expresos de ETA, a los que acusa de «falsificar expedientes académicos de la Universidad del País Vasco» con los que, supuestamente, obtuvieron «beneficios penitenciarios que les ayudaron a redimir sus condenas». Todos ellos fueron puestos en libertad recientemente en aplicación de la sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos sobre la ‘doctrina Parot’.
El escrito, firmado por la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, señala a José Ángel Biguri Camino, Kepa Solana Arrondo, Iñigo Akaituri Irazabal, Juan Francisco López Gómez y Jon Aguinagalde Urrestarazu. Covite les atribuye un delito de «falsedad documental», en base al artículo 393 del Código Penal. Según la denuncia, que el colectivo de víctimas difundió ayer, los exreclusos de la banda se encontraban en prisión cuando presuntamente «realizaron los exámenes de acceso a la universidad y cuando cursaron dichos estudios en la UPV y la Uned Bergara». Pruebas estas primeras que, según remarcan, «ni siquiera por una mal entendida libertad de cátedra podían realizarse a través de trabajos», dado que «la ley obliga a la constitución de tribunales colegiados y exámenes presenciales» para realizar la Selectividad.
Los hechos que se imputan a los cinco expresos de ETA son cuanto menos paradójicos. Así, según se recoge en la denuncia –Covite aporta documentos para probar sus acusaciones–, José Ángel Biguri habría realizado la prueba de acceso a la universidad en 2001, más de 10 años después de iniciar la carrera de Periodismo. Mientras que Kepa Solana e Iñigo Akaituri –Periodismo y Ciencias Políticas, respectivamente– cursaron estudios universitarios cuando, «en sus certificaciones académicas personales ni figuraría que hayan realizado «el perceptivo examen de acceso». En el caso de Juan Francisco Gómez, alias ‘Patxi’, la asociación de damnificados afirma que estudió Psicología «sin haber realizado la prueba de selectividad para mayores de 25 años que, en su caso, exige la legislación vigente». Al parecer, señalan, «su preparación –hay que elegir una rama– se realizó para el acceso a la Facultad de Derecho, si bien inició sus estudios en la de Psicología, un cambio que sería del todo ilegal y que acarrearía la invalidez de los mismos». Por último, sostiene que Jon Aguinagalde presentó en su expediente «un DNI falso y una fecha de examen de acceso a mayores falseada, ya que certificó que lo había hecho en un día festivo».
Covite denuncia de esta forma que se «confeccionaran documentos para que poder cursar estudios superiores ilegítimamente y conseguir beneficios, también ilegítimos, ya fuera en la vida carcelaria (descuentos de condena, becas y ayudas al estudio) como fuera de ella (cursar estudios superiores u ostentar un título)». «Los documentos fraudulentos se han utilizado, en juicio o perjuicio de terceros, a sabiendas de su falsedad», advierten desde la asociación de víctimas.
«Insuficiente control»
Covite puntualiza en su escrito que los cinco exreclusos de ETA formaban parte de «frente carcelario» de la banda –«nunca fueron expulsados de la misma»–. «Por tanto, todas sus decisiones de trascendencia penitenciaria estaban sometidas a la dirección de la organización terrorista». «Como la derivada de cursar estudios en el sistema especial de la UPV de manera irregular», apuntan. Recuerdan en esta línea el juicio celebrado en 2013 en Bilbao, en el que dos profesores de la Universidad del País Vasco resultaron absueltos de haber beneficiado a presos de ETA, «pero en el que –añaden–, se constataron irregularidades en un sistema con insuficientes medidas de control».
Desde la asociación confían en que los informes elaborados por la Guardia Civil sobre posibles «graves irregularidades» cometidas en la UPV, y que se incorporaron al procedimiento judicial contra los dos profesores antes mencionados, sean tenidos en cuenta de cara a una posible investigación de los expedientes de los cinco denunciados. Covite espera que el caso caiga en manos de la Audiencia Nacional, competente en casos de terrorismo.
Y es que, según subrayan en su escrito presentado en el Supremo, los expresos habrían, supuestamente, utilizado, dado que figura en su expediente penitenciario, dicha documentación «falsa» en la «ejecución de la sentencia de Estrasburgo» que echó por tierra la ‘doctrina Parot’. Esta decisión supuso la salida de prisión de decenas de reclusos de la banda.
Covite emplaza al alto tribunal a investigar los hechos para que, en su caso, «se impongan las condenas que correspondan al delito, se anulen aquellos títulos obtenidos o estudios cursados de forma fraudulenta y se revisen todas las ejecuciones en torno a la ‘Parot’».