La investigación judicial abierta por actuaciones relacionadas con el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre subió ayer un peldaño. Un alto cargo del Govern, el secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, y el director general de Atención Ciudadana de la Generalitat, Jordi Graells, declararon ante la Guardia Civil dentro de la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Nin fue citado como testigo, pero salió de declarar acusado por la Guardia Civil de varios delitos, entre ellos los de sedición y rebelión.
El juez investiga la querella presentada por Vox contra el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, el jurista Carles Viver Pi i Sunyer y el ex senador Santiago Vidal a raíz de las declaraciones de este último sobre que la Generalitat había obtenido datos de los ciudadanos de forma irregular para la Hacienda catalana. El juzgado abrió diligencias contra Vidal por revelación de secretos y en el proceso se acumuló otra investigación de la Fiscalía sobre la publicidad del Govern respecto al censo de residentes en el extranjero y la presunta publicación con dinero público de una web del Pacto Nacional por el Referéndum y de otra para explicar esta votación. Se centralizaron así todos los preparativos para el 1-O que hasta ahora han sido judicializados.
Los altos cargos de la Generalitat acudieron ayer a declarar ante la Guardia Civil por su relación con las citadas páginas web. Hace unas semanas hicieron lo mismo otros funcionarios y miembros de la empresa que las activaron. Hoy se espera que lo haga el ex coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena.
Los agentes interrogaron a los altos cargos de Presidencia, departamento del que dependen los servicios de difusión e información de la Generalitat, en relación a la activación de la web del Pacto Nacional por el Referéndum. También por la creación y mantenimiento de garanties.cat, donde el Govern anunció que explicaría los detalles del 1-O. Según fuentes policiales, los agentes encontraron «indicios de criminalidad» en las respuestas de Nin respecto a sus gestiones, lo que propició la acusación formal y que le comunicaron que debía seguir declarando asistido por su abogada.
El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona es el mismo que ordenó al Teatro Nacional de Cataluña hace unas semanas que entregara toda la documentación sobre el acto celebrado el 4 de julio por Junts pel Sí, en el que se presentó la ley con la que el Govern pretende celebrar el referéndum, pese a las órdenes del Tribunal Constitucional que lo prohiben.
Las primeras acusaciones contra cargos del Govern dentro de este procedimiento provocaron una dura reacción por parte del consejero de Presidencia, Jordi Turull, quien anunció que llevarán ante el juzgado de guardia lo que consideran «una grave vulneración de derechos fundamentales», ya sea «de un juez o de la Guardia Civil».
Turull lamentó que Nin entrase a declarar como testigo y saliese como acusado por un delito de sedición, ya que considera que no guarda relación. En este sentido, el conseller afirmó que «se está criminalizando trabajar a favor del diálogo y del acuerdo» y aseguró que «el Govern no quedará impasible ante estos ataques». Turull cree que el juez y la Guardia Civil están «actuando de forma perversa contra un pueblo que quiere votar». Además, considera que se hace un «uso y abuso del secreto de sumario», ya que es una «excusa» para interrogar a cualquier ciudadano con la «enorme indefensión» que implica.
Turull también recordó que las querellas que se investigan son por los delitos de malversación, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, provocación, conspiración y proposición para la sedición o rebelión y contra la paz y la independencia del Estado. Algo que cree que vulnera derechos como los de reunión, ideología, legítima defensa y a la libertad de expresión.