La pregunta del título de este editorial ha sido el estribillo involuntario de la España de 2025.
No es una pregunta retórica dirigida a los dioses, sino una expresión de hartazgo colectivo ante un presidente que ha maquillado la indignidad política como «resistencia».
«¿Qué más tiene que pasar?», se preguntaban los españoles cada vez que la Moncloa regateaba un nuevo escándalo o una nueva investigación judicial.
La pregunta traducía una verdad incómoda: en la España del sanchismo no hay límite alguno para lo intolerable cuando se ejerce el poder sin responsabilidad alguna.
Los números de 2025 cuentan una historia de degradación política sin precedentes.
Dos secretarios de Organización del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) están o han pasado por la prisión, acusados de cohecho, malversación y pertenencia a organización criminal.
Estas no son acusaciones marginales de colaboradores distantes, sino crímenes en el corazón de la máquina del poder.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, permanece imputada por tráfico de influencias, corrupción privada y apropiación indebida, con investigaciones en tres frentes simultáneos: el caso Barrabés (18,2 millones en contratos públicos); el rescate a Globalia, de 475 millones; y sus dudosas actividades en la Universidad Complutense.
El hermano del presidente, David Sánchez, ha sido procesado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por un puesto creado ad hoc en la Diputación de Badajoz, y se sentará en el banquillo en mayo de 2026.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Simultáneamente, 2025 fue testigo de una cascada de denuncias por acoso sexual en el PSOE, ocultadas durante cinco meses hasta que un «error informático» las hizo desaparecer.
Doble vara de medir
El 26 de julio de 2017, en la sede de Ferraz, Sánchez exigía con voz grave la dimisión de Mariano Rajoy: «Sólo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída».
Rajoy era el «principal responsable político del clima general de corrupción», insistía Sánchez, recordando que él mismo había dimitido en 2016 por cuestión de «principios».
Ocho años después, Sánchez tiene a su esposa investigada por influencias, a su hermano procesado, a dos ex secretarios de Organización en prisión y a su fiscal general condenado. ¿Su respuesta? «En cuanto ha habido mínimo atisbo, actué con contundencia».
La afirmación es falsa. Ábalos, por ejemplo, fue ministro de Transportes durante casi dos años después de que la visita de Delcy Rodríguez a Barajas levantara sospechas de corrupción.
La «contundencia» de Sánchez llegó sólo cuando la prensa reveló lo que Moncloa ya conocía.
Manual de resistencia
Sánchez ha convertido su libro Manual de resistencia en filosofía de Gobierno: resistir a cualquier precio. No por principios, sino por supervivencia.
La realidad es más cruda. La de un presidente que permanece en el cargo porque conviene a sus aliados independentistas mantenerlo débil en la Moncloa.
Esto ha transformado la política española en algo que debiera inquietar a cualquier demócrata: un Gobierno sin presupuestos aprobados hace tres años, incapaz de legislar sin pactos vergonzantes con quienes buscan la ruptura de España.
El precio de la resistencia de Sánchez es la parálisis institucional y la fragmentación territorial.
Y mientras tanto, el presidente acusa a los jueces de «hacer política» cuando investigan a su familia.
Balance económico y social
Tras siete años de Sánchez, la realidad económica de los españoles ha empeorado dramáticamente.
La inflación acumulada es del 23,3%.
La cesta de la compra ha subido un 40%.
Las viviendas han multiplicado su precio un 50%.
Los salarios reales netos han caído un 5%.
Mientras el PIB crece un 2,8%, el poder adquisitivo de los ciudadanos se desmorona.
Esa brecha entre lo macro y lo micro resume el fracaso del Gobierno. Hay crecimiento (relativo), pero no llega a los bolsillos de quienes trabajan.
La política de vivienda es un desastre confirmado. Los precios del alquiler alcanzan máximos históricos, con 2.153 euros por metro cuadrado. Las 184.000 viviendas que Sánchez prometió construir nunca llegaron.
El mercado de la vivienda ha sido destruido por un Gobierno que ideologizó un problema económico estructural.
La inmigración irregular, sin control de fronteras y con decisiones erráticas, generó una reacción ciudadana que el Gobierno se niega a reconocer, y que ha propulsado el voto a partidos como Vox y Aliança Catalana.
Extremadura como espejo
El resultado de Extremadura el pasado 21 de diciembre fue el retrato de la España sanchista.
El PSOE obtuvo su peor resultado histórico en la región, perdiendo catorce puntos y 110.000 votos. De 28 a 18 escaños.
El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, perdió incluso en su propio pueblo, tras 21 años de gobierno.
En grandes ciudades como Badajoz, Vox superó al PSOE como segunda fuerza. El castigo electoral fue tan severo que algunos dirigentes socialistas hablaron de «desolación total».
La destrucción sanchista
Si resumimos los «logros» del sanchismo en 2025, la lista es devastadora.
La confianza en las instituciones, erosionada por un fiscal general condenado y un Poder Judicial acosado por acusaciones infundadas de politización.
La democracia liberal, comprometida por una reforma judicial que subordinaría la instrucción de las causas peligrosas para el Ejecutivo… al propio Ejecutivo.
La convivencia territorial, destrozada por pactos que legitiman la ruptura con la Constitución.
El poder adquisitivo de millones de españoles, asolado.
La dignidad del cargo presidencial, convertida en mera herramienta de supervivencia política.
El Estado de derecho, entre interrogantes.
La esperanza de 2026
Esperar que 2026 abra un nuevo ciclo político es esperar que la democracia funcione.
Que los españoles, en las próximas elecciones generales, cierren una etapa que ha degradado la política española más que ninguna otra en los últimos años.
No porque el votante español sea de derechas o de izquierdas, sino porque existe un consenso creciente: esto no puede continuar así.
La pregunta «¿qué más tiene que pasar?» debe encontrar respuesta en las urnas.
Adiós, 2025, año del hartazgo. Que 2026 sea el año de la responsabilidad política restaurada.