Zapatero ha propuesto sustituir el Pacto Antiterrorista por otra versión de amplísimo espectro que incluya desde los partidos nacionalistas hasta la Federación de Boy-scouts; algo que por su naturaleza no sería que una declaración sentimental de principios sin ninguna consecuencia práctica, dejándonos sencillamente desprovistos de una política de Estado.
El presidente Rodríguez Zapatero ofreció en su comparecencia parlamentaria de ayer un nuevo pacto contra el terrorismo que, de hecho y de palabra, sustituya al efímero, difunto y añorado Pacto por las Libertades, sin cuya eficacia su gobierno ni siquiera habría podido tantear las posibilidades de un “proceso de paz”. En sus propias palabras, es «hora de abrir a consenso más amplio no sólo de 20 millones de votantes (PSOE y PP), sino de 44 millones de ciudadanos, no sólo políticas, también cívicas». Lo que significa que invita a las asociaciones cívicas –conjunto que en sentido lato incluiría a sindicatos, patronales, grupos culturales, vecinales, deportivos y colectivos de todo tipo- para que suscriban ese nuevo pacto.
Pero, ¿para qué ampliar de ese modo el Pacto antiterrorista formalmente vigente, y qué efectos tendría esa firma masiva, abierta a los millares de asociaciones de todo tipo –incluyendo las fantasmales- registradas en España? Sólo para una cosa cierta: convertir un Pacto de Estado contra ETA en una especie de carta por la Paz… dirigida quizás a los Reyes Magos (y al Olentzero, en la prevista versión vasca). Sin embargo, hay que insistir en que ningún pacto contra ETA que no tenga carácter de pacto de Estado sirve ni servirá para nada útil, y la consecuencia de este principio evidente es que sólo deben firmarlo los partidos políticos capacitados para gobernar el Estado por su apoyo electoral. De momento esos partidos son dos: PSOE y PP. Puede gustar más o menos, pero así son las cosas y a eso debemos atenernos.
La clave de la eficacia del Pacto por las Libertades radicaba en que comprometía a los dos partidos con probabilidades reales de gobernar a mantener la misma estrategia antiterrorista, comprometiéndose a elaborar un diagnóstico común sobre la situación en materia de terrorismo, y por consiguiente a acordar una forma común de combatirlo. Naturalmente, el desarrollo del Pacto conlleva que el gobierno ejecute esa política común, y que en ese caso la oposición debe apoyar al gobierno. Lo que el Pacto anterior no dice en ninguna parte es que el gobierno pueda incumplir el compromiso con la oposición, como ha ocurrido en el fracasado “proceso de paz”, y que sin embargo la oposición tenga la obligación de apoyarle en cualquier caso, como se ha sostenido falazmente.
¿Quién dio el primer golpe al Pacto? Esto ya es más complicado. Aznar se equivocó al no convocar la comisión de seguimiento del Pacto tras el atentado islamista del 11-M, decisión que, además de ponérselo en bandeja a un PSOE liberado de apoyar al gobierno, disparando la campaña difamatoria del “gobierno mentiroso” que precipitó el conocido desenlace electoral, dejó muy tocado del ala el futuro del Pacto. En cualquier caso, eso ya es agua pasada y da igual para lo que nos ocupa: que Zapatero ha propuesto sustituir el Pacto Antiterrorista por otra versión de amplísimo espectro que incluya no sólo a los partidos nacionalistas –incluso a los que sólo hacen una política contra el Estado, como EA, ERC y el PNV mientras mantenga su programa soberanista-, sino que pueda ser suscrito hasta por la Federación de Boy-scouts, la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de la farándula, o el colectivo Ahotsak, ya puestos.
Es un disparate y una completa vacuidad, y sólo se explica en el contexto del relativismo democrático que también se ha empleado para justificar la injustificable “mesa de partidos” exigida por ETA. Ninguna “asociación cívica” tiene mandato parlamentario para representar a los ciudadanos, ni en éste ni en ningún otro asunto de carácter parlamentario, ni mucho menos la responsabilidad de dirigir el gobierno. Esta recae en los grandes partidos, tampoco en las formaciones como IU o Coalición Canaria. Es absurdo, por tanto, que se les requiera para comprometerse en la ejecución de políticas que escapan a sus competencias y responsabilidad. Otra cosa completamente distinta es que esos mismos partidos apoyen luego ese Pacto de Estado, reforzándolo y mejorándolo, pero aquí tampoco pintan nada ni los boy-scouts ni las asociaciones de inmigrantes, exactamente por las mismas razones por las que ni el gobierno ni la oposición tienen derecho a dictarles a éstas sus decisiones y acuerdos.
Por eso la última propuesta de Zapatero extiende el certificado de defunción del Pacto Antiterrorista. Sustituirlo por algo mucho más lábil, elástico y vaporoso, incapaz por su misma naturaleza de hacer y ser otra cosa que una declaración sentimental de principios sin ninguna consecuencia práctica, nos deja sencillamente desprovistos de una política de Estado. Para eso, mejor no tener pacto alguno, y que sean los partidos los que, como de hecho ya está pasando, ofrezcan al electorado sus diferentes programas antiterroristas, con toda claridad y con el compromiso de llevarlo a la práctica si ganan las elecciones. Que el PSOE asuma, si quiere, la negociación política con ETA a la que no renuncia Zapatero –ni menos el PNV, de ahí los amores de los últimos meses-, y que el PP y quien quiera defienda el enfrentamiento y la derrota legal del terrorismo. Los votantes y los ciudadanos en general tenemos el derecho de saber exactamente con qué podemos encontrarnos según quién gane las elecciones. Implicar en esta decisión a las asociaciones cívicas, que no representarán a los ciudadanos ni estarán en el gobierno del Estado, equivale a manipularlas, a usarlas como una cortina de humo que redondee la confusión en aumento en la que nos han instalado, tan cómoda para quienes evaden su responsabilidad en todo lo que ha pasado y lo que irá pasando.
Además de a Carlos Palate y Diego Estacio –y da lo mismo que fueran trabajadores emigrantes que rentistas nacionales-, este desagraciado “proceso de paz” ha matado otras cosas: una de ellas, la posibilidad de una “unidad democrática contra el terrorismo” que no sea ratificada o desdeñada por el electorado. Solamente las elecciones pondrán a cada cual en su sitio y permitirán conocer qué estrategia demanda la ciudadanía. Zapatero, sencillamente, se ha escabullido por esa tangente de los buenos deseos que tanto le complace, y que hasta ahora tan bien le había ido. Pero lo que propone es, de nuevo, otra insensatez como lo fue el “proceso de paz”. Eso sí, de prosperar quizás tendría la virtud de aislar de nuevo al PP y a su esfera de influencia, dejando al gobierno las manos libres para reiniciar el diálogo con ETA en cuanto la ocasión se presente. O mucho antes, porque personalmente no me creo que ese “diálogo” se haya suspendido ni un solo minuto.
Carlos Martínez Gorriarán, BASTAYA.ORG, 16/1/2007